Así lo manifestó el presidente de este organismo, Luis Alberto Calvo, en una rueda de prensa en la que también apostó por “unificar criterios” de inspección veterinaria y reconoció que, aunque se realicen inspecciones con la periodicidad recomendada, este problema “puede volver a pasar”.

Puso de ejemplo a Castilla y León, que realiza estas inspecciones con esta periodicida y precisó que la “responsabilidad” de que un alimento sea “apto para el consumo” es de estos operadores, “no del veterinario ni del presidente del Gobierno o de una comunidad”.

“Si sale en mal estado, tiene que poner los medios para solucionarlo”, espetó, al tiempo que puntualizó que, si en su inspección, el veterinario “ve algo anormal sobre el autocontrol, lo reflejaría”.

Calvo defendió que un veterinario municipal como los que realizan las inspecciones en la empresa responsable del brote de listeriosis que ya afecta a más de 200 personas en España “tiene la misma preparación o más que otro”.

Para él, España “es uno de los países con mejores niveles de control sanitario” y subrayó que, a partir del “gravísimo problema alimentario” de las vacas locas, se hizo una “profunda revisión” de la legislación y organizativa de la UE y lo situó como el “entorno más exigente” en seguridad alimentaria en el ámbito mundial.

Aunque no se aventuró a determinar dónde pudo estar el fallo en el caso de la carne mechada de ‘La Mechá’, aseguró que este “ha tenido que suceder entre el cocinado y el consumo siempre que el cocinado haya sido suficiente y se haya alcanzado la temperatura adecuada para destruir la listeriosis”.

“Es obvio que el microorganismo se ha metido en un punto de la cadena de producción y debido a sus especiales características ha tenido tiempo de propagarse de forma indeseada. El problema se ha detectado y controlado con la mayor celeridad posible”, afirmó.

El presidente de los veterinarios reconoció que la listeria es una “vieja conocida” de estos profesionales “desde hace mucho tiempo” y que un alimento puede contaminarse por listeriosis “desde su origen hasta su consumo final, en todo el proceso”.

Calvo puntualizó que la ley actual obliga a estos operadores a cumplir determinados criterios microbiológicos, tomar muestras, realizar análisis y aplicar medidas “correctoras” de acuerdo a las instrucciones de la autoridad competente y se mostró convencido de que la “seguridad” se garantiza mediante un “enfoque preventivo, unas buenas prácticas de higiene, análisis del peligro y de los puntos de control crítico”, entre otras.

A este respecto, a pesar de que registra una tasa de en torno a a 0,5 o 0,6 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone en torno a 250 o 300 casos anuales de listeriosis, España, a su juicio, está “excesivamente centrada” en el carácter asistencial de la medicina “en detrimento y olvido de la prevención”.