Según la entidad, este organismo autonómico peca de “falta de actuación a las más de 120 denuncias que esta federación ha tramitado para ser gestionadas en 2019, sin contar con las de años anteriores”.

En este sentido, Famma recordó que la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece desde 2017 que todos los bienes, productos y servicios han de ser accesibles desde el 4 de diciembre de ese año.

“Se está incumpliendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue ratificada por el Estado español en el año 2007”, denunció la entidad. “La federación quiere dejar clara, con la evidencia de todas sus denuncias sin tramitar por este consejo, la falta de compromiso que existe por parte de la Consejería de Vivienda para eliminar las barreras”, añadió.

Según la organización, desde Famma “se han detectado innumerables servicios, edificios y espacios públicos que no cumplen con los criterios básicos de accesibilidad, con los que no se están tomando las medidas oportunas para cumplir en plazo la citada obligación legal”, cuando, señaló, “la administración tiene que velar por los cuídanos y hacer cumplir la ley”.