En las últimas semanas el PP ha criticado a Montero por la paralización de las entregas a cuenta, a lo que la ministra en funciones ha respondido que, como ya le sucediera a su predecesor, Cristóbal Montoro, durante el periodo en el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy estuvo en funciones, la Abogacía del Estado ha señalado que un gabinete en funciones no puede actualizar las entregas a cuenta.

Para el Grupo Popular en el Congreso, “el Ejecutivo está inmerso en una maniobra política con una base argumental insolvente”, ya que los populares consideran que “no existen argumentos de peso en el plano jurídico para justificar este impedimento, habida cuenta que la actualización es un procedimiento de ajuste de recursos objetivo, no discrecional y legalmente establecido con anterioridad”.

Asimismo, el partido liderado por Pablo Casado considera que la actualización de las entregas a cuenta, “lejos de constituir una nueva orientación política, es la máxima representación de lo que es el normal y continuo funcionamiento de las relaciones financieras entre el Estado y las comunidades autónomas".

Por ello, el Grupo Popular solicita, por un lado, “todos los informes emitidos por todas las unidades dependientes de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, desde que el Gobierno está en funciones en 2019, a petición de cualquier órgano o entidad de la Administración del Estado, que hayan tenido por objeto pedir opinión sobre si los actos, normas o cualesquiera actuaciones a desarrollar por los centros directivos podían llevarse a cabo en el marco de actuación de un Gobierno en funciones”.

Por otro lado, ha preguntado por escrito al Gobierno “si existe alguna instrucción, circular o doctrina interna acuñada por la Abogacía General del Estado, más allá de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para perfilar la opinión que se debe emitir en los casos de las iniciativas que puede desarrollar un Gobierno en funciones”.

Por último, también ha interpelado al Ejecutivo sobre si considera una práctica habitual “que durante prácticamente ocho meses sólo se hayan despachado consultas verbales con la Abogacía, de ser cierta la afirmación de la ministra de Hacienda en contra de los pagos”, y pide también que el Gobierno indique los días en que tuvieron lugar las consultas verbales, quién las formuló y desde que unidad de ese centro directivo se respondieron

La pasada semana fuentes de Hacienda señalaron a Servimedia que el ministerio dirigido por Maria Jesús Montero no tiene inconveniente en facilitar al PP el informe de la Abogacía del Estado en el que se asegura que un Gobierno en funciones no puede actualizar las entregas a cuenta de las comunidades autónomas.

Dichas fuentes indicaron que Hacienda había realizado varias consultas verbales a la Abogacía del Estado para saber si un Gobierno en funciones puede actualizar las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y ha recibido respuesta negativa. Además, explicaron que la ministra pidió que el informe verbal de la Abogacía del Estado se plasmara por escrito, y que dicho proceso ya había concluido.