Memoria Fiscal

La Fiscalía apunta un aumento del fraude en IVA y Sociedades

- La Unidad de delitos económicos reclama mayores plazas de formación para fiscales especializados, reforzar plantillas y cambiar el bonus de productividad

MADRID
SERVIMEDIA

El Ministerio Fiscal constata que el fraude contra la Hacienda Pública aumentó "ligeramente" en lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y al de Sociedades durante el año 2018, mientras que "disminuyen moderadamente" los delitos asociados al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Así lo recoge la Memoria de la institución presentada este lunes con motivo del inicio del año judicial por la fiscal general del Estado, María José Segarra, en el capítulo dedicado a los delitos económicos.

El documento hace referencia a la dificultad para obtener información estadística en delitos económicos ante la inexistencia de un sistema informático normalizado e igual para todo el territorio, aunque infiere que, con los datos recabados, "parece constatarse la tendencia en la estabilización de los procedimientos indicados".

En el texto reconocen avances en los recursos y organización para encarar un tipo de delitos tan específicos, si bien critica la falta de recursos y demanda un cambio en las políticas remuneratorias ligado al bonus de productividad.

La delincuencia económica abarca tanto las malas prácticas económicas del sector privado, con especial énfasis en los delitos contra la Hacienda Pública, como actividades irregulares en ámbitos con intervención estatal -la llamada corrupción de los funcionarios-.

Ambas vertientes, sitúan según señala el texto, los delitos económicos entre las infracciones "más denostadas y que mayor rechazo originan en una sociedad torturada por una grave crisis económica, generadora de profundas desigualdades y particularmente cruel con las clases más desfavorecidas".

A tal efecto insiste en su vieja demanda a los fiscales de que "no deben escatimar esfuerzos en la persecución de aquellas actividades defraudatorias -en general, difíciles de investigar- que han podido causar la pérdida de puestos de trabajo o perjuicios a multitud de pequeños ahorradores".

El texto reconoce de manera específica el paso adelante conseguido en su tradicional demanda de creación de un fiscal coordinador en materia de delincuencia económica tras el decreto aprobado el pasado 11 de diciembre de 2018 después de que María José Segarra tomase posesión y que obliga a elevar al Fiscal General del Estado las cuestiones relacionadas con esta materia para conseguir también criterios y resoluciones uniformes.

MÁS FORMACION

Sin embargo, avisa de la falta de recursos para una formación que resulta necesaria, ya que abordan materias complejas "sometida a continuas modificaciones legislativas y jurisprudencia", y donde "se ventilan" además "importantes intereses económicos", en ocasiones se da también un “alto poder adquisitivo de los implicados" y donde los operadores jurídicos son "profesionales avezados con altísimo nivel competencial".

Para enfrentar la situación y formar a los fiscales la Unidad promueve unas Jornadas de Especialistas en delincuencia económica, pero según el documento "palían esta necesidad de forma discreta", ya que admiten un máximo de 50 profesionales por edición.

El texto anima a "buscar fórmulas más beneficiosas", ya que considera que la cifra "se antoja insuficiente" y con un "alcance limitado", reclamando que la celebración se extienda asimismo a plazas fuera de Madrid.

En el documento se denuncia, por otro lado, "la crónica carencia de medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de la función" que los fiscales tienen encomendada. "La persistencia de la crisis económica que nos asola no parece suficiente justificación habida cuenta de la magnitud del problema", concluye.

Por último, insiste en "arbitrar algún sistema" que permita a los efectivos asignados a la Unidad "al acceso a la percepción del complemento económico de productividad" ya que, al tratarse de casos complejos en extremo por su dificultad técnica y volumen, el número de casos despachados "no alcanza los límites establecidos para la percepción económica reseñada". "Ello produce una situación absolutamente injusta e incomprensible", subraya y demanda al tiempo "un general (y generoso) aumento de las plantillas existentes".

(SERVIMEDIA)
09 Sep 2019
ECR/pai