Según informó la Policía, a los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, blanqueo de capitales, falsedad documental, amenazas, coacciones y estafa.

También se han efectuado cuatro registros en los domicilios de los detenidos: A Coruña (dos), Toledo (uno) y Barcelona (uno), y han intervenido documentación falsificada, equipos informáticos, teléfonos móviles, ‘tablets’ y memorias externas.

La investigación comenzó cuando la víctima denunció su situación ante la Policía, explicando cómo había sido su captación en Nigeria y el funcionamiento de la organización en España.

Las pesquisas determinaron que los investigados utilizaban la ruta nigeriana (Nigeria, Níger, Argelia, Libia e Italia) para trasladar a las víctimas. Una vez en el país transalpino, se desplazaban por vía marítima de Nápoles a Barcelona y, desde allí, hasta Madrid para ser trasladadas a Toledo y A Coruña, donde eran explotadas.

La víctima destacó que en este trayecto fue agredida sexualmente en múltiples ocasiones y obligada a tener relaciones sexuales con aquellas personas que le imponían los miembros de la organización en las ciudades por donde pasaban. De este modo, en Madrid ejercía la prostitución en la calle y en A Coruña y Toledo lo hacía en clubes de alterne, en concepto de “cuotas”, para solventar la deuda económica de 25.000 euros que había contraído con la organización.

Los agentes observaron que la organización también blanqueaba las retribuciones obtenidas de los servicios sexuales de la víctima adquiriendo vehículos antiguos en España. Posteriormente, los daban de baja en la Dirección General de Tráfico y los exportaban a Nigeria mediante un contenedor marítimo en el que también enviaban todo tipo de mercancía comparada en el mercado de segunda mano. Una vez en el país africano, el vehículo y la mercancía se vendían a un tercero generando un aparente beneficio económico.

A su vez, los miembros de la organización que tenían autorización de residencia en España alquilaban las tarjetas a compatriotas nigerianos en situación irregular, con los que guardaban parecido físico, cuándo éstos tenían que firmar un contrato de trabajo a cambio de una contraprestación. Además, cuando el contrato finalizaba, el miembro de la trama solicitaba el subsidio de desempleo asegurando así la justificación de futuras renovaciones de la tarjeta de residencia.