Los delegados de las tres organizaciones sindicales comparecieron en rueda de prensa para criticar a Ryanair y al Gobierno por su respuesta a la convocatoria de paros que han realizado en protesta por el cierre anunciado de bases de la compañía en Canarias y Gerona y que calculan que supondría el despido de unos 500 trabajadores, 350 de ellos técnicos tripulantes de cabina (TCP) y 150 pilotos.

A Ryanair le reprochan que está “amedrentando” a los trabajadores con coacciones diversas para que no secunden la huelga, y al Ministerio de Fomento que ha aprobado una orden “decimonónica” de servicios mínimos que supone en realidad una “vulneración” del derecho de huelga y que “llega a fijar como servicio mínimo la venta a bordo de una tarjetita de rasca y gana”, dijo Jairo Gonzalo, de USO.

Se quejan de que en el caso de Canarias, los servicios mínimos afectan al 100% de los vuelos, pese a que a las islas vuelan otras compañías de la competencia y la conectividad está garantizada.

“La compañía se está incluso jactando en los medios de que no están teniendo que suspender vuelos”, subrayó el portavoz de USO, que recordó que mientras en dos días de huelga el año pasado en Vueling se cancelaron 222 vuelos, en Ryanair solo se han suspendido operaciones hasta ahora.

"GUIÑO AL PIRATA"

Antonio Escobar, de Sitcpla, se mostró muy crítico por la pasividad que consideran que está poniendo de manifiesto el Gobierno ante el conflicto. “Ryanair son unos piratas a los que el Gobierno le está guiñando el ojo”, afirmó. En su opinión, el primer responsable es el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que "mira para otro lado" con "una sordera crónica" y se escuda en que es "un conflicto laboral" entre una empresa privada y sus trabajadores.

Los sindicatos creen que el Ejecutivo tiene que tomar ya cartas en el asunto, para detener las prácticas “mafiosas” de la aerolínea irlandesa y cuestionarse si debe seguir concediendo subvenciones a una empresa a la que le ha dado más de 260 millones en los últimos años y que tiene al Gobierno como "un rehén" al que amenaza con marcharse de España si no le deja actuar a sus anchas.

Francisco Gómez, delegado de Sepla, aseguró que el Ejecutivo no puede seguir consintiendo a una empresa que contrata pilotos como “falsos autónomos” y que podría cerrar las bases anunciadas para luego volver a operar en las mismas plazas dentro de unos meses externalizando con otras aerolíneas “más low cost” que Ryanair. Creen que en este panorama, la Intervención General del Estado no puede demorarse más.

Los sindicatos barajan la posibilidad de que la clausura de bases solo afecte finalmente a las tres canarias y no a la de Girona, a la luz de declaraciones hechas por las partes en el conflicto tras la mediación de la Generalitat de Cataluña.

Esa intervención es la que echan en falta del Ejecutivo central y al que avisan de que su lucha no se detiene, y que continuarán las conversaciones con grupos parlamentarios y con exigencia al Parlamento Europeo para que detenga la ilegalidad “transaccional” de Ryanair.