Según explicó este martes el portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, el expediente se inició en 2016 a raíz del escrito que la Asociación Arcópoli presentó en la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad denunciando una presunta infracción administrativa derivada de la promoción a través de internet de “terapias de curación de la homosexualidad”.

Afirmó que la Secretaría General Técnica de la citada consejería acordó abrir un periodo de información previa de carácter reservado, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto.

Durante este proceso, en enero de 2017, tuvo entrada en el Registro de la Comunidad una nueva denuncia, en este caso, formulada por dos particulares, que hacían también alusión a un posible delito por realización de terapias.

El 19 de marzo de 2019, la Secretaría General Técnica resolvió que los hechos denunciados podrían constituir una infracción administrativa muy grave, tal y como queda tipificado en el artículo 70.4.c) de la Ley 3/2016; y un mes después, el Consejo de Gobierno, competente en su caso para imponer la sanción, inició el procedimiento que ahora ha quedado resuelto.

Aguado indicó que desde la entrada en vigor de la ley para la protección del colectivo LGTBI, es la primera vez que se interpone una multa de esta cantidad. Hasta el momento, el resto de procedimientos han derivado en 18 sanciones por infracciones leves con multas que oscilan entre los 200 y los 1.800 euros.