Los tres diputados imputados (también lo está la exdiputada Ángela Rodríguez, que no revalidó el escaño en las elecciones de abril) ofrecieron una rueda de prensa en el Congreso en la que Mayoral habló expresamente de “escándalo de persecución política” y “reactivación de las cloacas” contra representantes políticos como ellos que defienden a los trabajadores y en este caso, una manifestación del pasado 28 de marzo ante el Congreso, intentaron mediar en la concentración.

Podemos denuncia que el atestado policial refiere “hechos manifiestamente falsos” como que ellos arengaron a los trabajadores contra los agentes, tiraron vallas de contención y hasta agredieron a los miembros del dispositivo de seguridad. Además, que Mayoral y Gómez-Reino fueron llamados a declarar ayer sin que se les haya hecho llegar el autojudicial.

Por si fuera poco, remata Podemos, a los dos se les convocó en el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, cuando el atestado les identifica como diputados, con lo que la competencia correspondería al Tribunal Supremo. Y se les ha llamado a declarar nada menos que seis meses después de los hechos y el atestado subsiguiente. En todo ello percibe Mayoral un “hilo conductor” con otras acusaciones falsas de que ha sido víctima Podemos.

Gómez-Reino y Yolanda Díaz, ambos de Galicia en Común, manifestaron su solidaridad con los trabajadores y líderes sindicales de Alcoa que también han sido imputados y defendieron su derecho a movilizarse contra el eventual cierre de la planta, que ha sido uno de los caballos de batalla de la formación en los últimos meses.

Díaz, por último, confesó su “perplejidad” por que ellos no hicieron “nada de lo que se dice en ese atestado”, sino sólo “mediar para que (los agentes de policía) dejaran de golpear a los trabajadores”. Matizó que una valla se le cayó encima, y que decir que la tiró abajo o incluso agredió a un agente es “irreal”, y lamentó que “la justicia tiene dos varas de medir”.