Según documentos oficiales a los que ha tenido acceso Servimedia, el 8 de noviembre de 2018, seis meses después de que se conociera la noticia, la universidad adjudicó a la empresa Grant Thornton un “servicio de auditoría forense y auditoría económico-financiera de distintas unidades” de la institución por algo más de 260.000 euros. Diez días después, la misma empresa recibió otra adjudicación de 85.000 euros para otro “servicio de auditoría de procedimientos académicos y administrativos”.

En total, la Universidad Rey Juan Carlos destinó 346.859,81 euros en estas dos auditorías. Fruto de estas dos investigaciones, la URJC corroboró sus sospechas sobre las irregularidades contables en la gestión del Instituto de Derecho Público, dirigido en ese momento por el catedrático Enrique Álvarez Conde, que falleció antes de que terminase el proceso judicial.

Además, las auditorías señalaron posibles irregularidades en otro instituto de la institución, el Centro Integral de Formación Permanente, dirigido por el profesor Jorge Urosa y que compartía trabajadores con el Instituto de Derecho Público. La universidad presentó estas conclusiones a la Fiscalía para que continuase con las pesquisas.

Estas acciones se enmarcan en el plan que diseñó el rector para limpiar la imagen del centro tras el escándalo de los másteres. Dos semanas después de que se conocieran las primeras informaciones, Ramos explicó en rueda de prensa que reiteraba su “compromiso con la transparencia, la ética y el buen gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos”.

Además de las auditorías, el rector decidió clausurar el Instituto de Derecho Público y cambió determinados procedimientos administrativos para mejorar los controles a la hora de calificar a los alumnos.