Según explicó el portavoz de CSIF, Pedro Poves, este jueves en una rueda de prensa, dos recientes sentencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictadas el 13 y el 16 de septiembre anulan la forma en que Securitas y Prosegur aplicaron desde el 1 de enero de 2019 la subida del SMI a 900 euros, compensándola con los dos pluses que ya sumaban antes a un salario base de 864 euros y con los que ya se alcanzaban los 900 euros.

Ambas empresas, según dijo, con el apoyo de CCOO, UGT y USO, modificaron a finales de abril sus convenios para eliminar esos dos pluses y aplicarlo con carácter retroactivo. Relató que, de esta forma, las sentencias de la Audiencia Nacional no anulan los nuevos convenios ni la eliminación de los pluses desde su entrada en vigor, en junio, pero sí la aplicación con retroactividad desde el 1 de enero.

Según las estimaciones de CSIF, 8.000 trabajadores se han visto afectados por esta neutralización de la subida salarial, de forma que entre enero y mayo ambas empresas se ahorraron 2 millones de euros, que ahora los trabajadores pueden reclamar.

“No entendemos como dos sindicatos que reclaman la subida del SMI a 1.000 euros firman un convenio colectivo que neutralizaba completamente la subida a 900 euros de estas dos empresas”, señaló Poves.

Para CSIF, “esta situación de decir nan cosa y hacer otra es una imagen clara de la necesidad de la ley orgánica de libertad sindical”. “Nos extraña mucho que este país haya cambiado toda la normativa desde el inicio de la democracia y que una de las pocas leyes que no se ha cambiado nunca es ésta, que está petrificada desde 1986”, añadió Poves, para a continuación reclamar “una ley que dé mayor pluralidad y representatividad a los trabajadores”.