Así se manifestó Segarra ante los periodistas en la sede de la Fiscalía General del Estado, donde compareció horas después de conocerse la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condena a los líderes independentistas por la convocatoria y organización del 1-O.

La fiscal general del Estado indicó su "máxima reserva" respecto a la posibilidad de que el juez instructor Pablo Llarena, una vez conocida la sentencia, active las órdenes europeas de detención y entrega del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el resto de exconsellers huidos de la justicia.

Pese a ello, la fiscal general del Estado reconoció que la setencia que condena a los líderes independentistas por el delito de sedición a penas de entre 9 y 13 años de prisión "va a tener una indudable trascendencia en otros procedimientos penales en curso" y "efectivamente supone un reforzamiento de los indicios existentes", de modo que "se valorarán todas las posibilidades".