La coalición que componen Junts per Cataluya y el PDeCat -a la que ayer la propia JEC obligó a sustituir a sus cuatro cabezas de lista por haber sido inhabilitados por la sentencia- considera que la campaña, en la que todos los ministros ensalzaban en varios idiomas la calidad de la democracia española, vulnera el artículo 50.2 de la Loreg, que, entre otras cosas, prohíbe que durante un período electoral los poderes públicos financien campañas institucionales “que contengan alusiones a los logros obtenidos” por el Gobierno.

Además, JxC estima que la campaña “vulnera los principios de objetividad y transparencia” en procesos electorales. También considera que “resulta electoralista y partidista y, en ningún caso, imprescindible para la salvaguarda del interés público o para el correcto desarrollo de los servicios públicos”, única condición que justificaría haberla llevado a cabo.

Por todo ello, Junts reclama a la JEC “el cese inmediato de la difusión de dicha campaña institucional a través de cualquier medio de comunicación o difusión; así como que acuerde incoar el oportuno expediente sancionador contra el Gobierno español por infracción del artículo 50.2 de la Loreg”.