"Los poderes públicos, tanto estatales como autonómicos, tienen la obligación de garantizar el ejercicio del periodismo como elemento fundamental de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información, pilares fundamentales de las democracias", manifiesta el comunicado de la Fape, quien además pide que "se investiguen las agresiones y tomen medidas que protejan la labor de los periodistas, imprescindible para que los ciudadanos puedan formarse libremente su propia opinión".

"Tratar de coartar la labor de los periodistas solo beneficia a quienes quieren actuar impunemente e imponer sus propuestas políticas por la fuerza. Los que protagonizan o promueven las agresiones a periodistas buscan imponer un velo de silencio sobre la información, objetivo que es inaceptable en un sistema democrático como el nuestro", agrega el comunicado.

Además, la Fape asume y respalda el comunicado de su afiliada de Cataluña, el Grupo de Periodistas Pi i Margall, en el que señala que “cualquier ataque a la labor de los periodistas es condenable, no solo en cuanto se obstaculiza la labor de unos profesionales, sino porque también se atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos".