Fuentes jurídicas presentes en la declaración explicaron que tan tensa ha llegado a ser la comparecencia que la expresidenta popular ha tenido que ser llamada a capítulo por el magistrado en varias ocasiones. Tras dos horas de declaración, Aguirre ha rechazado por todas las vías posibles su vinculación con la presunta financiación irregular del partido, ha negado tener competencias de gestión y ha atribuido esas funciones al exgerente Beltrán Gutiérrez.

Aguirre declara por primera vez como imputada este viernes dentro de la causa 'Púnica' que investiga supuestos delitos de cohecho, malversación, falsificación, fraude y prevaricación, entre otras infracciones penales.

La Fiscalía Anticorrupción entiende que la expresidenta del PP de Madrid fue la impulsora de todo el sistema de financiación ilegal del partido en esa comunidad. Sin embargo, ella insistió que incluso los estatutos de su formación consagran que el presidente no tiene responsabilidades en el área económica y dio lectura al precepto ante el juez.

En una actitud desafiante, la exdirigente del PP se ha encarado con las representantes del Ministerio Público a las que ha llegado a acusar de estar empeñadas en describir la Fundación Fundescam como un elemento esencial del engranaje de la financiación ilegal del PP que habría servido para pagar gastos electorales de sus campañas entre 2003 y 2011, tiempo en el que los populares gobernaron la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta.

La expresidenta les ha reprochado su empeño en hacer de este caso de presunta corrupción un 'Watergate', el caso de corrupción que terminó con la caída del presidente estadounidense Richard Nixon.

Como ya hiciera ayer su sucesor Ignacio González, Aguirre se desvinculó de la gestión económica del partido, cuya responsabilidad atribuyó en exclusiva a Beltrán Gutiérrez, y aseguró que su actividad era eminentemente política. Negó cualquier actuación ilícita o conocer la existencia de una 'caja B' en el PP de Madrid.

Preguntada por la imputación de sus más estrechos colaboradores en esa etapa, como es el caso de Ignacio González o Francisco Granados, Aguirre dijo que en el momento de su designación confiaba en ellos y, en todo caso, explicó que sus nombramientos siempre fueron aprobados por el que fuera líder del PP Mariano Rajoy.

La versión de Anticorrupción es algo diferente. Las fiscales consideran que Aguirre nombró a sus dos lugartenientes precisamente con la idea de que ambos controlaran los mecanismos de contratación pública en la Comunidad de Madrid y el desvío de dinero al pago de gastos del Partido Popular.

La Fiscalía considera que a partir de 2003, el PP de Madrid había establecido un modelo a través del cual se desviaría dinero de contrataciones irregulares con empresas de Horacio Mercado al pago de gastos electorales del partido. El sistema consistía en incrementar el valor del contrato en un 1% para supuestas campañas publicitarias que nunca se realizaban y que permitían el desvío del dinero a las arcas del PP. De este modo se habrían financiado las campañas de 2007, 2008 y 2011.