En la misiva se explica que en 2013, el Gobierno del PP en la Comunidad presidido por Ignacio González “permitió la enajenación de vivienda protegida mediante la reforma del Reglamento regional de Viviendas con Protección Pública”.

En este marco, expone Serra en su carta, 2.935 viviendas de titularidad pública pertenecientes al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), actualmente Agencia de Vivienda Social, fueron adjudicadas al fondo buitre Encasa Cibeles, filial de Goldman Sachs, por un precio por vivienda de en torno 68.000 euros, la mitad del valor de su tasación.

A juicio de Serra, “esta operación ha derivado en cambios de las condiciones que regulaban el uso de vivienda por parte de las personas inquilinas, en cobros indebidos y en acoso inmobiliario”.

Tras indicar que “son tres las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulan la venta por parte del IVIMA de las 2.935 viviendas, aunque será el Tribunal Supremo quien deba pronunciarse debido a que la Comunidad de Madrid ha recurrido los pronunciamientos del TSJM”, afirma que “esta innecesaria operación de enajenación de vivienda pública por parte de un organismo de la Comunidad, en plena oleada de desahucios provocados por la crisis económica, produjo un perjuicio no sólo al patrimonio público sino a las familias que habitaban las viviendas de forma legal y a la sociedad madrileña en su conjunto”.

Unidas Podemos considera que “la ciudadanía tiene derecho a saber en qué condiciones se produjo la venta y es nuestro deber esclarecer si existen responsabilidades políticas desde la Asamblea de Madrid”.

"Consideramos necesaria y urgente la creación de una comisión de investigación para analizar y, en su caso, determinar responsabilidades políticas relativas a la venta de vivienda pública por parte de la Comunidad a fondos buitre", señala Serra. Asimismo, resalta que a su partido le gustaría "contar con el apoyo del resto de los grupos, para iniciar la creación de dicha comisión”.