Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en una entrevista en Cope recogida por Servimedia, un día después de la polémica generada por unas palabras del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en las que aludió a la dependencia orgánica de la Fiscalía en referencia a la euroorden que pesa contra el expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont.

Borrell comentó que la Fiscalía no es un órgano dependiente del Poder Judicial, aunque trabaje en la Administración de la Justicia, y apuntó que, mientras que al presidente del Tribunal Supremo no lo nombra el presidente del Gobierno; al fiscal general del Estado, sí.

"¿Quiere esto decir que está a las órdenes del presidente del Gobierno para hacer lo que éste le diga? No, en absoluto", afirmó. Sin embargo, aclaró que, a pesar de que la Fiscalía disfruta de "autonomía funcional", puede recibir "indicaciones" del Ejecutivo en aras de la defensa del interés general.

Abundó en el hecho de que Sánchez dijo que al fiscal general lo nombra el Gobierno, "lo que es cierto", añadiendo que "no dijo que está al servicio del Gobierno y que hace lo que le diga el Gobierno".

Esto le sirvió para dejar claro que en España el Poder Judicial es "independiente", al igual que los jueces, que "no son nombrados por el Gobierno ni recibe indicaciones de éste".

A su vez, Borrell se refirió a lo sucedido en las últimas horas con la euroorden emitida por el juez Pablo Llarena contra la exconsejera de Educación de la Generalitat huida en Escocia, Clara Ponsatí, que, en un primer momento, fue considerada "desproporcionada" por las autoridades del Reino Unido, cuyo Gobierno acabó disculpándose por haber denegado en principio la extradición.

Lo hizo para destacar que "rara vez, los británicos aceptan que han aceptado que lo que han hecho era incorrecto", lo que le permitió observar que "lo único que hay en este caso es una petición de mayor información". "Aquí paz y después gloria", zanjó.

Borrell también se pronunció sore todo lo que ha trascendido del sumario de la denominada 'operación Judas' manifestando que los autoproclamados Comités de Defensa de la República (CDR) "forman parte de la dinámica que se vive en Cataluña, donde puede haber grupos, con más o menos fantasía, o con más o menos capacidad, que planteen actuaciones de perturbación del orden", como se vivió en los disturbios acaecidos tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés',

Esto le permitió recordar que "todavía la Gran Vía de Barcelona está cortada por jovencitos acampados que gritan, megáfono en mano, que esto es una dictadura y que carecen de libertad de expresión. Si esto fuera una dictadura, a buenas horas llevarían una semana cortando la Gran Vía de Barcelona".

Sobre la pretensión de los CDR de atrincherarse en el Parlamento catalán junto con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, subrayó que "no sé cuánto hay en eso de autofiguración épica, cuando viven en momentos de excitación emocional".

Por último, contestó a si es partidario de romper los acuerdos suscritos entre e PSC y Junts per Catalunya, condicionando la ruptura de esos pactos a la alternativa que se plantee para sustituirlos. Puso como ejemplo de ello el hecho de que los socialistas catalanes pactaron gobernar con Ada Colau, "con quien soy muy crítico y no tengo ningún entusiasmo en gobernar con ella", en el Ayuntamiento de Barcelona para evitar que el bastón de mando recayera en Ernest Maragall, de ERC.