Así lo anunció la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que tomó esta decisión de acudir al Tribunal Constitucional para frenar dos nuevos pasos del Parlamento de Cataluña que considera ilegales.

Celaá explicó que la primera resolución recurrida del 29 de octubre se refiere a la tramitación por parte de la Mesa del Parlament de una moción presentada a favor del autogobierno de la comunidad más allá de las competencias que tiene atribuidas y la segunda del 5 de noviembre corresponde al rechazo de las solicitudes de reconsideración planteadas por algunos grupos parlamentarios.

La portavoz del Ejecutivo en funciones indicó que la Mesa del Parlamento de Cataluña “vuelve a incidir” así en su voluntad de desobedecer a la Justicia, ya que entre otras cosas “desoye dos providencias” del Tribunal Constitucional del 10 y 16 de octubre en las que suspendió las resoluciones que insistían en el derecho de determinación de esta región.

Recordó que esas providencias del Constitucional instaban a “paralizar las iniciativas”, por lo que el Gobierno en funciones recurre ahora al Constitucional desde la consideración de que el presidente del Parlament, Roger Torrent; el secretario general y el resto de los miembros de la Mesa “tenían conocimiento de que estaban incumpliendo resoluciones adoptadas por el TC” y de que así vuelven a expresar “su intención de continuar con el proceso en su pretensión de lograr la independencia” del resto de España.