La sentencia del tribunal presidido por el magistrado Antonio Calle Peña se pronunciará sobre una década de ayudas adjudicadas presuntamente mediante un sistema “opaco, injusto y arbitrario”. El fallo llega casi once meses después de acabar el juicio y más de una semana después de la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre.

En esta causa se dilucidará si hubo comportamiento delictivo en la actuación de los exresponsables de la Junta de Andalucía que pudieron haber adjudicado ayudas a empresas que iban a realizar ERE de manera irregular por valor de 855 millones de euros entre los años 2000 y 2010.

El Ministerio Público cree que la opacidad del sistema de los ERE privó “de su derecho a acceder a estas ayudas a un número importante de trabajadores” afectados por reajustes laborales.

Además de Chaves y Griñán, se sentaron en el banquillo seis exconsejeros acusados de prevaricación y/o malversación. Se trata de el exvicepresidente Gaspar Zarrías; Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo (Hacienda); José Antonio Viera y Antonio Fernández García (Empleo), y Francisco Vallejo, exresponsable de Innovación, del que dependía la agencia IDEA.

Chaves, expresidente de la Junta a lo largo de dos décadas, se enfrenta a una posible condena de diez años de inhabilitación. La condena no afectaría a su carrera porque abandonó la política hace 15 años. Griñán, que dimitió como senador en junio de 2015 tras ser imputado en esta causa, afronta seis años de cárcel por malversación continuada y 30 de inhabilitación, según la petición de Fiscalía. El resto de los acusados podrían ser condenados a penas de inhabilitación de entre 10 y 30 años y de entre seis y ocho años de cárcel.