El anteproyecto se aprobó en el último Consejo de Ministros del año pasado, el del 28 de diciembre. La parálisis con las sucesivas convocatorias electorales y la consecuente inactividad de las Cortes ha provocado que la ley de violencia contra la infancia aún no haya sido puesta en marcha.

“La ley está condiciones de ser aprobada; hemos aprovechado todos estos meses para seguir trabajando sobre ella pero con la composición actual del Congreso y el Senado, no puedo manifestar nada sobre los apoyos, aunque en la anterior legislatura había voluntad política” para sacarla adelante dijo la ministra en la presentación de la campaña #CrecerSinViolencia.

Precisamente, esta campaña impulsada por Sanidad pone el foco en la violencia sobre los niños y niñas porque, según los datos del Ministerio, “se estima que sólo se denuncian uno de cada cinco delitos contra los menores”. Además, en su mayoría este tipo de violencia se da en lugares donde, supuestamente, “el niño tendría que sentirse protegido”, como la escuela o el hogar.

“La campaña que presentamos tiene por objetivo crear conciencia ciudadana de todos los tipos de violencia contra la infancia y la adolescencia; estas situaciones de violencia crean una huella que va a influir en el desarrollo de los menores y va a determinar su salud, no sólo mental, sino también física y orgánica”, expresó Carcedo.

En 2018, cerca de 38.000 menores fueron víctimas de violencia. Además, casi la mitad de las víctimas de violencia sexual que se registran (el 47,6%) son menores de edad, mientras que muchos de ellos se dan en el propio ámbito familiar de las niñas y niños.

Para crear conciencia contra este tipo de violencia, el Ministerio ha diseñado la campaña con un 'spot' que se emitirá en televisiones nacionales y autonómicas hasta el 24 de noviembre. En este, se muestra a niños y niñas que no necesitan películas de terror para sentir miedo, ya que sus vidas son un horror per se por culpa de la violencia a la que están expuestos.

La ley que prevé aprobar el Gobierno para combatir la violencia contra la infancia incorpora medidas como una ampliación del plazo de prescripción de los delitos contra menores de edad.

MEDIDAS DE LA LEY

El plazo de prescripción será de 10 o 20 años, según la gravedad de los ilícitos, cuando en la actualidad oscila entre 5 y 15 años. De este modo, los menores víctimas de delitos especialmente graves podrán denunciar hasta que ellos cumplan 50 años de edad (o 40 en todos los casos), cuando la edad límite máxima hoy en día son los 33 años.

Entre las muchas medidas que incorporará la ley figura la creación de un registro unificado de víctimas y la protección de los trabajadores sociales con competencias en materia de infancia, a quienes el Gobierno reconocerá como autoridad pública. De esta manera, cualquier agresión contra estos profesionales será considerada como atentado.

También se obligará a todos los centros escolares a contar con protocolos contra la violencia infantil y a la creación de un responsable de bienestar y protección, que dependerá de las comunidades autónomas y deberá velar por la convivencia y la erradicación de la violencia contra los menores en el ámbito educativo.

Otra de las cuestiones que deberá atender esta nueva ley -que aún debe pasar por las Cortes- es la veracidad del testimonio de los menores a la hora de declarar, ya que, según los activistas dedicados a la protección de la infancia, se les somete a auténticos “interrogatorios” cuando denuncian cualquier caso de violencia contra ellos.

El próximo 20 de noviembre se celebra el 30 aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. En su artículo 19 establece el derecho a la protección contra cualquier forma de violencia.