Estos consejos forman parte de una campaña de inspección de ámbito nacional para controlar el cumplimiento de los requisitos obligatorios que establece la normativa en materia de etiquetado, información y seguridad de diferentes prendas de ropa infantil.

Unos controles que está realizando el Servicio Provincial de Consumo de Sevilla, responsable de realizar 50 de las 420 actuaciones de control previstas a nivel nacional en el marco de una campaña en la que también participan otras comunidades autónomas así como el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones (Soivre).

Durante los controles, el personal inspector comprueba que los productos están correctamente etiquetados o marcados de forma “duradera, legible, visible y accesible con facilidad” y la etiqueta debe permitir identificar de forma “clara” a la empresa responsable del producto, así como indicar “claramente” el precio del mismo y su composición en fibras.

TIENDAS CON GARANTÍAS

En cuanto a seguridad, en los controles también se verifica que las prendas cumplen con la normativa europea relativa a longitud y formato de cuerdas ajustables, cordones, cinturones, fajines o tiradores de las cremalleras.

En caso de que se detecten irregularidades, se valora el riesgo y, en su caso, se incluye el producto afectado en la Red de Alerta de Productos de Consumo, que funciona a nivel europeo con el fin de detectar “de la manera más ágil posible” artículos “inseguros” para poder adoptar medidas que impidan su comercialización, bien sea a través de su inmovilización o destrucción.

Entre sus recomendaciones, aconsejó que siempre que sea posible se realicen compras en establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, lo que asegura que cualquier posible “discrepancia” pueda quedar resuelta “de forma rápida y gratuita”.

Según informó la Junta de Andalucía, esta campaña de control se desarrolla en el marco del Plan de Inspección de Consumo 2019, que comprende 26 campañas que supondrán aproximadamente unas 9.000 actuaciones de control para garantizar y “reforzar” la protección de los derechos de los consumidores y “asegurar” que los productos y servicios a la venta cumplen los requisitos de seguridad y calidad que exige la normativa vigente.