La defensa, en la que también participa Gonzalo Boye, que representa a Carles Puigdemont, entiende que “la sala está contaminada y que los magistrados que participaron en la admisión a trámite de la querella presentada por el ministerio fiscal no deberían estar sentados en este tribunal".

"No creemos que el acusado, el 'president' de la Generalitat, piense que va a tener un juicio imparcial cuando esto procede de una instrucción tan parcializada”, aseguró en su exposición de cuestiones previas.

Denunció también la vulneración de la presunción de inocencia de Quim Torra. "Es tan evidente la percepción de que mi cliente va a ser condenado que han habido regueros de tinta sobre la situación política en Cataluña cuando sea inhabilitado. El juicio no debería proseguir porque ya se ha vulnerado la presunción de inocencia", insistió.

La letrada pidió también que comparezcan como testigos varios miembros de la junta electoral central con el argumento de que han intervenido como denunciantes y asumieron unas competencias que no tenía asignadas, emitiendo, dijo, una orden ilegal.

En su opinión, el órgano competente para dar esa orden en caso de ser necesario habría sido la Junta Electoral Provincial. En caso de que la sala acepte estas declaraciones, el juicio debería suspenderse para poder citar a los nuevos testigos. En suma, la letrada aseguró que este juicio es “una anomalía democrática” que hay que “frenar” y dijo al tribunal que tiene “una oportunidad histórica” para “salvar” el sistema judicial.

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Francisco Bañeres, ha pedido al tribunal que no se muestre la imagen de los agentes de la Policía Nacional que declararán en el juicio y rechazó todos los argumentos de la defensa en favor de la nulidad.