Madrid

El PP pide “defender y profundizar en el actual modelo educativo basado en la libertad”

MADRID
SERVIMEDIA

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, registró hoy una proposición no de ley (PNL) en la que se insta al Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso a “defender y profundizar en el actual modelo educativo basado en la libertad y en el respeto a los padres para decidir la educación que quieren para sus hijos” y a “seguir utilizando la descentralización competencial para mejorar la calidad del sistema educativo madrileño”.

Asimismo, se insta al Ejecutivo autonómico a que se dirija al Gobierno de España para “exigir que se siga garantizando que los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos, ya sea público, privado-concertado o privado".

También se defiende “la red de centros concertados como garantes de la existencia de una oferta plural complementaria a la red pública, tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional, y por tanto de la libertad de elección de las familias, asegurando la igualdad de oportunidades de las mismas en el ejercicio de este derecho, lo que implica que ambas redes, pública y concertada, dispondrán de los recursos necesarios que aseguren este derecho”.

El PP propone “promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, respetando el carácter propio de los mismos, para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias, con el fin de que estas puedan elegir con total libertad”.

Igualmente se plantea “garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada-concertada, como garantes de la libertad de elección de las familias”.

El PP insta a “respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Además, de pedir que se respete “el ámbito competencial de las comunidades autónomas y al mismo tiempo garantizar, a través de la Alta Inspección del Estado, el cumplimiento de la ley en aquellas comunidades autónomas que no usen con responsabilidad sus transferencias educativas”, plantea “abandonar cualquier intento dirigido a suprimir la demanda social como factor determinante por parte de las administraciones a la hora de ofertar las plazas educativas”.

(SERVIMEDIA)
18 Nov 2019
SMO/mjg