“La Iglesia debe reconocer su responsabilidad institucional, colaborar en la sanación de las personas que han sufrido abusos en su seno y procurar reparar el daño”, argumenta María Teresa Compte, presidenta de esta organización que, con criterios profesionales e independientes, ofrece acompañamiento, ayuda psicológica y orientación legal a víctimas de abusos en la Iglesia católica.

Para ello, según Betania, los prelados españoles deben seguir los pasos de sus colegas franceses, que en breve pondrán en marcha un fondo que prevé ayudas de alrededor de entre 3.000 y 5.000 euros en reconocimiento del daño sufrido. En Alemania, la cantidad establecida por el episcopado fue de 5.000 euros.

La propuesta es que las personas que acrediten haber sufrido abusos por medio de un informe psicológico-forense puedan acceder a ayudas “sin tener que esperar, como sucede ahora, a un largo y tortuoso proceso en los tribunales que muchas víctimas no están en condiciones de emprender”, señala Compte.

“Una decisión de este tipo sería también de gran ayuda para víctimas que ya no pueden acudir a la vía judicial debido a que los delitos han prescrito”, así como para “muchas personas que han sufrido los abusos ya en edad adulta, para quienes, como la realidad demuestra, es especialmente difícil decidirse a denunciar”.

Betania también pone de ejemplo el modelo irlandés, donde los obispos y las congregaciones religiosas financian los servicios de la organización Torwards Healing (Hacia la sanación), que ofrece terapias y acompañamiento profesional e independiente a las víctimas.

Indistintamente de la opción que tome la Conferencia Episcopal Española, Compte subraya que lo “decisivo” es “reconocer y asumir la responsabilidad por el daño causado”. “Durante décadas, la institución eclesial ha antepuesto su reputación institucional a la verdad de las víctimas, hasta el punto de silenciar y encubrir unos hechos que han facilitado la comisión reiterada de los abusos”.

50 VÍCTIMAS

En sus primeros nueve meses de vida, la asociación ha atendido a unas 50 personas que contactaron con su servicio de escucha y atención terapéutica.

Compte cree que "falta transparencia" a pesar de que las comisiones de investigación que se han puesto en marcha en algunas diócesis españolas. También reclama la apertura de los archivos para “una investigación independiente y rigurosa” y “empezar a conocer la magnitud del problema en España”. “Sería una prueba de la voluntad real de la Iglesia de actuar”, apunta.

Además, Compte considera que “no se puede ser juez y parte. Las personas que acuden a denunciar o a poner los hechos en conocimiento de las instituciones donde sufrieron abusos deben sentirse seguras, por lo que siempre es preferible que sean profesionales externos e independientes quienes realicen la intervención”.

Pero, la prueba de fuego, para la presidenta de Betania es la participación de las propias víctimas. “A la hora de diseñar estas comisiones, ¿se les ha preguntado a las personas víctimas de abusos qué quieren y qué necesitan?”, pregunta.