Los 1.700 folios de la sentencia de los ERE de Andalucía se han conocido este martes tras ser notificada a partir de las 12.00 horas a los acusados. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla había convocado para esa hora a los procuradores y los 21 acusados para notificarles el fallo que afecta a 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

La sentencia del tribunal presidido por el magistrado Antonio Calle Peña se pronuncia por unanimidad sobre una década de ayudas adjudicadas presuntamente mediante un sistema “opaco, injusto y arbitrario”. El fallo llega casi once meses después de acabar el juicio y más de una semana después de la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre.

El caso llegará presumiblemente al Tribunal Supremo, que será quien fije de manera firme la responsabilidad penal de los políticos procesados por una década de ayudas públicas que sumaron 680 millones de euros. El 85% de ese dinero fue destinado a pagar prejubilaciones.

En total 6.096 trabajadores recibieron ayudas procedentes de la partida presupuestaria 31-L creada por la Junta de Andalucía para empresas en crisis o planes de prejubilaciones entre 2001 y 2010, aunque hubo más de 120.000 empleados afectados por ERE en toda la comunidad en esa década. Casi 200 de los que cobraron ayudas se prejubilaron en empresas donde jamás habían trabajado.