Previsiblemente, ninguno de los condenados entrará en prisión hasta que la sentencia sea firme tras la resolución de los recursos de casación que, con toda probabilidad,presentarán ante el Tribunal Supremo.

De los 21 acusados en la pieza política de los ERE, tan solo dos han resultado absueltos. Se trata del interventor general de la Junta, Manuel Gómez, que alertó de irregularidades en la concesión de ayudas a sus superiores, y del que fuera jefe del gabinete jurídico del Gobierno andaluz entre 2000 y 2010, Francisco del Río.

De los 21 acusados, en el fallo de la sentencia de los ERE de Andalucía la Audiencia ha condenado como autores de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, agravado por su especial gravedad, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a 10 de los acusados. Como autores de un delito de prevaricación, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal han sido conenados otros nueve.

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha resultado condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, que dirigía el departamento de donde salían las transferencias de dinero para empresas en crisis, ha sido condenado a siete años y un día de prisión y 18 de inhabilitación.

Los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández también ha sido condenados a penas de prisión por el delito de malversación. El primero de ellos está condenado a siete años de reclusión y 18 de inhabilitación, mientras que el segundo está penado con siete años y 11 meses de cárcel y 19 de inhabilitación.

Por los delitos de malversación y prevaricación también ha resultado condenada Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda, a la que se le han impuesto seis años de prisión y 15 de inhabilitación. Al ex director general de Trabajo andaluz Javier Guerrero se le impone una pena de siete años y 11 meses de prisión y 19 de inhabilitación por esos mismos delitos.

En esta sentencia, la Audiencia de Sevilla ha condenado también a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, a la que impone nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación. Los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez han sido condenados a siete años de prisión y 18 de inhabilitación y seis años de cárcel y 15 de inhabilitación, respectivamente. En el caso de José Salgueiro, exviceconsejero y exconsejero de Hacienda, la condena ha sido de nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Por su parte, Juan Márquez Contreras, ex director general de Trabajo, queda condenado a siete años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 19 años, seis meses y un día por prevaricación y malversación. Juan Francisco Sánchez García, ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo, ha resultado condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.

El ex secretario general de Trabajo Javier Aguado Hinojal ha sido condenado a nueve millones de inhabilitación por haber prevaricado, el mismo delito por el que se ha condenado a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación a la exsecretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo.

Antonio Vicente Lozano Peña, ex director general de Presupuestos, queda condenado a nueve años de inhabilitación. Miguel Ángel Serrano Aguilar, ex director general de IFA-IDEA ha resultado condenado a seis años, seis meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años y un día por prevaricación y malversación. Jacinto Cañete Rolloso, que ocupó el mismo cargo, ha sido condenado a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial por prevaricación.

1.700 FOLIOS

Los 1.700 folios de la sentencia de los ERE de Andalucía, el doble que la del `procés´, se han conocido este martes tras ser notificada a partir de las 12.00 horas a los acusados. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla había convocado para esa hora a los procuradores y los 21 acusados para notificarles el fallo que afecta a 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

La sentencia del tribunal presidido por el magistrado Antonio Calle Peña se pronuncia por unanimidad sobre una década de ayudas adjudicadas presuntamente mediante un sistema “opaco, injusto y arbitrario”. El fallo llega casi once meses después de acaba el juicio y más de una semana después de la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre.

El caso llegará presumiblemente al Tribunal Supremo, que será quien fije de manera firme la responsabilidad penal de los políticos procesados por una década de ayudas públicas que sumaron 680 millones de euros. El 85% de ese dinero fue destinado a pagar prejubilaciones.

En total 6.096 trabajadores recibieron ayudas procedentes de la partida presupuestaria 31-L creada por la Junta de Andalucía para empresas en crisis o planes de prejubilaciones entre 2001 y 2010, aunque hubo más de 120.000 empleados afectados por ERE en toda la comunidad en esa década. Casi 200 de los que cobraron ayudas se prejubilaron en empresas donde jamás habían trabajado.

Entiende el tribunal que hubo comportamiento delictivo en la actuación de los exresponsables de la Junta de Andalucía, que adjudicaron ayudas a empresas que iban a realizar ERE de manera irregular por valor de 680 millones de euros entre los años 2000 y 2010, aunque en un primer momento se especuló con una cifra superior a los 800 millones.