Ello es posible gracias a un real decreto-ley de medidas urgentes por el que se declara “zona gravemente afectada” por una emergencia de protección civil las áreas afectadas por catástrofes naturales durante buena parte de este año.

Concretamente, la norma, recogida por Servimedia, declara con tal consideración a las provincias y comunidades autónomas afectadas por catástrofes naturales desde el pasado 1 de abril, requisito imprescindible para abrir la puerta a ayudas a damnificados en diversos episodios ocurridos especialmente durante el pasado verano, si bien el texto alude a los eventos catastróficos que pudieran ocurrir hasta el 31 de marzo de 2020.

De forma preliminar, el Gobierno calcula que activará 774 millones de euros por ese motivo: 557,7 millones en ayudas; 130,2 millones en actuaciones de la Administración General del Estado; 58,4 millones en exenciones y bonificaciones en materia de empleo y Seguridad Social, y 28,06 millones en beneficios fiscales.

Así, hubo grandes incendios forestales en junio en Lleida, Madrid, Tarragona y Toledo; inundaciones en julio en Navarra y Ourense; una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en agosto en Madrid, Zaragoza, Cáceres, La Rioja, Segovia, Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Castellón, Valencia, Lleida, Sevilla, Málaga, Murcia y Baleares; grandes incendios forestales en agosto en Gran Canaria, y otra DANA en septiembre en Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga, Granada, Murcia, Baleares y Madrid.

DAÑOS PERSONALES Y MATERIALES

El plazo general para pedir las ayudas es de dos meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley, lo que ocurrió el pasado 21 de septiembre, por lo que las solicitudes podrán hacerse hasta este 21 de noviembre.

La norma habilita ayudas para paliar daños personales, daños materiales en vivienda y enseres, y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios, y por prestaciones personales o de bienes de personas físicas o jurídicas.

También habrá ayudas por daños causados en producciones agrícolas y ganaderas, a explotaciones agrícolas y ganaderas, además de beneficios fiscales, como la exención de las cuotas del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y la reducción en el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas).

El texto alude a medidas laborales y de Seguridad Social, reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias, ayudas a entidades locales en situación de emergencia y para la recuperación de zonas siniestradas, y actuaciones de restauración forestal y medioambiental, el dominio público hidráulico y el dominio público marítimo-terrestre.