La FAPE considera que la imputación supone "una limitación de la libertad de prensa, dado que la ley sanciona a los que filtran y no a los que reciben la filtración".

"Los periodistas no cooperan en la revelación de secretos, como señala el magistrado, sino que ejercen su derecho constitucional a difundir información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables y de interés general", sotiene la FAPE en un comunicado.

En el caso de que se tratase de averiguar el origen de la filtración, esta federación recuerda que los periodistas están amparados por el derecho al secreto profesional, que incluye el deber de proteger la identidad de las fuentes para evitar un despido, una condena carcelaria, o algo peor.

"El secreto profesional de los periodistas tiene una doble finalidad: de un lado, ampara al periodista de los requerimientos de terceros (la Administración o los tribunales) para que revele sus fuentes y, de otro, ampara también a la fuente que le ha suministrado la información", destaca la FAPE.

El Código Deontológico de la FAPE establece que el secreto profesional solo puede vulnerarse en los casos en que la fuente ha mentido fehacientemente o si la información puede derivar a un crimen o un delito muy grave.