La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, se afanó durante la defensa del texto en tratar de desvincularlo de Cataluña, apuntando el amplio espectro de normas que modifica con el objetivo nuclear de “garantizar” la seguridad de los datos de los ciudadanos y que sus derechos “no resulten amenazados”, a la vez que se impulsa “nuestro sistema político y democrático abierto y plural”.

Calviño justificó la urgente tramitación en que la “sociedad está experimentado vertiginosos cambios” por una revolución digital que ofrece una “oportunidad única” de “impulsar la economía, la riqueza y el bienestar de los ciudadanos”, pero también conlleva riesgo sobre un potencial mal uso de los datos o la ciberdelincuencia. Afirmó que es “urgente” tomar cartas sobre el asunto, adaptando la normativa además que dicta Europa, para “lograr el equilibrio adecuado” sobre su desarrollo y para que “proteja a las personas” y los datos “no acaben utilizándose en nuestra contra”.

Pero más allá de las garantías generales que prevé establecer el decreto, la polémica se focalizó en el Congreso en la capacitación que el Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre da al Gobierno para, de manera “excepcional y transitoria” poder ejercer una “gestión directa o intervención” de “cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional". Capacita al Gobierno para cerrar páginas sin autorización judicial, siempre bajo las premisas de seguridad nacional y amenaza del orden público.

Su redacción llega después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciara en septiembre que promoverá 'IdentiCAT', "un nuevo modelo de identidad digital, descentralizada y autosoberana". El mismo decreto reconoce que introduce cambios tras “los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español”, que “han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación".

Calviño negó que se haya hecho por la situación en Cataluña e indicó que no es una capacidad nueva ya que estaba recogida en la Ley de Seguridad Nacional de 2015, aunque ahora “se mejoran las posibilidades de actuación” del Gobierno ante la comisión de una posible actuación “infractora o amenaza”.

Justificó que busca, sobre todo, preservar el DNI como “único” elemento de identificación de los españoles, lanzado al aire la cuestión de si al ciudadano le interesa que sus datos estén en sistemas de la Unión Europea o en circunscripciones donde las normativas no son tan garantistas.

“Es imprescindible garantizar la seguridad pública entre las distintas administraciones cuando tratan datos privados y entre las administraciones y las empresas privadas”, abundó, apostando por una mayor cooperación en esta materia entre administraciones.

Calviño negó también que prohíba los sistemas distribuidos como el blockchain como tecnología, matizando que solo impide su uso para la firma digital en documentos oficiales hasta que esté regulado, pero el Gobierno va a impulsar esta tecnología y su desarrollo a través del futuro sandbox regulatorio.

“No se trata de capacitar al gobierno para intervenir servicios digitales (…) no se trata de tomar el control de los medios de comunicación y los servicios audiovisuales”, sino de proteger al ciudadano y la “libertad de expresión”, abundó.

Sin embargo, la respuesta que recibió en bloque fue de rechazo por parte de los grupos independentistas en boca de los portavoces de ERC, Junts y EH Bildu, Montserrat Bassa, Laura Borràs y Mertxe Aizpurua, pero sintomáticamente no el del PNV, Mikel Legarda.

En sus intervenciones asimilaron el decreto a “la ley mordaza”, “la Ley Corcuera digital” y defendieron que de ninguna manera se justifica su desarrollo con un decreto, cuando es un tema tan importante como para debatirlo en el congreso con una ley.

A juicio de Aizpurua, tiene a Cataluña “en el centro” aunque no mencione, e indicó que obliga a los gobiernos autonómicos a pedir permiso al central para habilitar cualquier creación de páginas de internet. Indicó que se ha hecho una “ampliación de la ley mordaza a las nuevas tecnologías” y “un estado de excepción digital”, que acerca a España a países autoritarios como China.

Borràs refirió que, como la “ley Corcuera”, se da “la patada en el servidor apelando a algo tan ambiguo como el orden público”. Mientras que la portavoz de Junts afirmó que “nada tendrá que envidiar España a los regímenes autoritarios”, y “podrá cortar el servidor” a quien considere que pone en riesgo la seguridad, o espiarle sin autorización judicial.

Bassa avisó al Gobierno que no podrá “frenar el tsunami” ni “la firme voluntad del pueblo de Cataluña” pese a esta “ley mordaza digital”, e insistió en que “no habrá estabilidad política mientras mantengan la vía represiva”.

La portavoz de ERC advirtió de que con el decreto está “brindando en bandeja al trifachito (PP, Vox y Ciudadanos)” para que el en futuro puedan meter en la cárcel a disidentes que creen webs bajo el pretendido “indeterminado precepto de riesgo para la seguridad nacional”. Bassa anunció que ERC lo recurrirá en tribunales europeos si sale adelante.

El diputado de Vox, Víctor Manuel Sánchez del Real, indicó que con el decreto “le das el sueño húmedo de cualquier comunista del mundo”, como es “tener el botón del gran hermano” para actuar. Arremetió contra lo que juzgó un “caballo de troya que algún día se puede volver en contra de todos”.

Desde Unidas Podemos, Antonio Gomez Reino, demandó enmiendas para dispensar el apoyo mejorando, por ejemplo, la coordinación entre administraciones o establecer un sistema de control judicial rápido en el que apoyarse al actuar y para evitar el riesgo de que resulte “inconstitucional”.

Dijo temer que todos los recortes de libertades puedan ser traducidos en recortes también de libertades en la calle, pidiendo “salvaguardas de garantía de que ningún caso se vulneran los derechos fundamentales” y mecanismos que eviten la “recentralización digital”.

El diputado de Ciudadanos Miguel Angel Gutierrez apoyó que se regule para combatir riesgos como el ciberespionaje y se garantice el buen uso de los datos, pero consideró que es una “chapuza legislativa” porque somet a la administración a un control que no se aplica a empresas privadas como las financieras o de telecomunicaciones que operan infraestructuras igualmente críticas para la seguridad nacional. Pidió además que se creen juzgados especiales para los delitos de ciberseguridad y formar a jueces y fiscales adecuadamente sobre los nuevos riesgos y delitos, además de promover la cultura de seguridad ciudadana, incluso con campañas.

Durante su intervención, aprovechó para solicitar al PSOE que “rectifiquen” en la búsqueda de socios de gobiernos, apuntando que aquellos independentistas en los que buscan su apoyo son, precisamente, los que quieren tumbar el decreto.

La diputada del PP Ana Belén Vázquez definió la situación de la Diputación Permanente con el título de “durmiendo con tu enemigo, capítulo enésimo”. Expresó su apoyo por una norma que, según defendió, “claro que pone el foco en Cataluña porque no se atreven a poner que es por la situación de inseguridad que se está viviendo en Cataluña”. “Estamos a favor del gobierno” de modificar la ley de seguridad del ciudadano y “darle toda la fortaleza”, para proteger unos derechos que dijo que “iban a ser vulnerados por unos señores independentistas que están creando una identidad digital”. La diputada popular arremetió contra ERC, asegurando que son los que está presionando a los “ciudadanos que quieren vivir en tranquilidad”.