Aunque el PP y Ciudadanos firmaron las declaraciones, según explicó la portavoz socialista, Laura Berja, no quisieron estar presentes en la lectura común de los textos. Desde Ciudadanos precisaron que no les dio tiempo a acudir una vez que se convocó la lectura.

Con motivo de la celebración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el texto subraya que desde 1999 la ONU conmemora ese día para visibilizar que "la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual".

La Declaración de la ONU, subraya, define como violencia contra la mujer "todo acto violento basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la provación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada".

Los parlamentarios destacan que desde 2003, fecha desde la que hay datos oficiales, 1.028 mujeres han sido asesinadas, y 34 menores han sido asesinados desde 2013. Este año, añaden, las 52 mujeres asesinadas han dejado a 43 menores huérfanos. "Combatir esta violencia que tiene origen en la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres es urgente. Erradicar esta violencia contra las mujeres que hunde sus raíces en una cultura machista es una cuestión de Estado que tenemos que abordar como país".

El texto recuerda a todas las mujeres víctimas de todo tipo de violencia ejercida contra ellas por el hecho de ser mujeres y manifiesta la preocupación por el impacto que la violencia sexual tiene en España, que este año se ha incrementado un 3,8% respecto al anterior. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, "la violencia sexual contra las mujeres y las niñas tiene sus raíces en siglos de dominación masculina. No olvidemos que las desigualdades de género que alimentan la cultura de la violación son esencialmente una cuestión de desequilibrio de poder".

Los diputados expresan por ello su "firme compromiso para combatir todo tipo de violencia hasta que las mujeres puedan disfrutar de una vida independiente, segura y libre", y se comprometen a trabajar en la próxima legislatura dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género. "No pararemos hasta erradicar esta violencia que vulnera la igualdad, la seguridad, la libertad y la dignidad de las mujeres. Es imprescindible seguir trabajando hasta que toda la sociedad sea consciente de las terribles consecuenias que la violencia y el machismo tienen en nuestra sociedad", añaden.

Con esta declaración que no pudo ser institucional, los impulsores pretendían que el Congreso manifestara "su firme compromiso en la erradicación de la violencia contra las mujeres, su profundo rechazo a los agresores machistas y asesinos y el apoyo total a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas", y que alzara la voz "contra la violencia de género consciente de que ante la violencia el silencio resulta cómplice", llamando a la responsabilidad de todos los poderes públicos, organizaciones y ciudadanía "para conseguir que todas las mujeres puedan vivir en igualdad una vida libre de violencia machista".

DERECHOS DEL NIÑO

La otra declaracióbn, con motivo de la celebración, el 20 de noviembre, del Día Universal de los Derechos del Niño, y de los treinta años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, reafirma el compromiso "con el objetivo de que todos los niños y niñas puedan prosperar, aprender, hacer oír su voz y alcanzar su pleno potencial".

Subrayan que en España ha sido fundamental el papel de esa Convención para impulsar durante esos treinta años cambios legales, políticos y sociales que han redundado en una mejora de la vida de los niños. Sin embargo, alertan, España es el segundo país con la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea, que afecta a más de dos millones de niños, y el abandono escolar es "especialmente alto", incidiendo sobre todo en los menores con una situación económica más desfavorecida.

Alertan de la alta cifra de notificaciones de maltrato en el ámbito familiar y de la necesidad de asegurar el rol de los niños en la sociedad, y con todo ello el texto llama al Gobierno, a las instituciones y a la sociedad a "avanzar hacia la erradicación de la pobreza infantil, fomentar el acceso equitativo a la educación, promover la participación de manera significativa en las decisiones que les conciernen y aprobar una ley de protección integral de la infancia frente a la violencia hacia los niños y las niñas".