El ministerio público pide al juzgado que investiga 122 piezas separadas por la macrocausa de los ERE que les cite a declarar. El escrito fue presentado al día siguiente de conocerse la sentencia que condenó a 19 exdirigentes del Gobierno andaluz en la pieza política de los ERE.

Tanto Chaves como Zarrías fueron condenados a nueve años de inhabilitación por haber creado un sistema de ayudas opaco y arbitrario para la concesión de ayudas sociolaborales a empresas en crisis entre los años 2000 y 2009. Ahora, la Fiscalía cree que la concesión de este préstamo podría haber supuesto la comisión de un delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación de caudales públicos.

Por ello, Anticorrupción ha solicitado al juez instructor José Ignacio Vilaplana que abra una nueva pieza separada para investigar este préstamo que no está conectado con los ERE, razón por la que los políticos juzgados en esa pieza política podrían ser imputados en esta nueva causa. En total, la Fiscalía pide la imputación de 15 personas, de ellas diez son exaltos cargos y las otras cinco directivos de la empresa Primayor.

Entre los políticos que quiere investigar el ministerio público hay exconsejeros. El de Trabajo Guillermo Gutiérrez, los de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y el de Innovación Francisco Vallejo. Los tres últimos han sido condenados en la sentencia de los ERE. También se pide la imputación del exdirector de Trabajo Javier Guerrero, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el expresidente del IFA Salvador Durbán y el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Según el relato de Anticorrupción, en 1999 la Junta de Andalucía concedió ayudas para pagar planes de prejubilación de los trabajadores de Hamsa. Esas ayudas fueron declaradas rechazadas por Comisión Europea, por lo que el Gobierno las recuperó. Bajo esas condiciones la empresa se convirtió en inviable y por ello la Junta la otorgó nuevas ayudas bajo la forma de un préstamo puente.

El consejo rector del IFA adoptó por unanimidad en octubre de 1999 "anticipar las subvenciones de pública concurrencia a la inversión y a la creación de empleo solicitadas por Campocarne Andalucía (la primera sucesora de Hamsa), mediante un préstamo puente de 970 millones de pesetas (5,8 millones de euros)".

Ese acuerdo fue después ratificado por el Consejo de Gobierno presidido por Chaves el 9 de noviembre de 1999, y firmado el 2 de diciembre de 1999 por Gaspar Zarrías y el presidente de Campocarne, Miguel Ángel Ortega Bernal.

El ministerio público considera que préstamo no fue devuelto y asegura que “la única amortización que constaba al IFA era la derivada de la ayuda dada por la Consejería de Empleo", cifrándose en 3,7 millones de euros el principal pendiente de vencimiento. Asegura el escrito que "el préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado”.

Además, cita que no ha hallado documentación alguna relativa a la posible condonación del préstamo, de lo que se desprenden "indicios racionales de criminalidad" en la concesión en 1999 de ese préstamo porque de la documentación "podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne e indirectamente posteriormente a la empresa Primayor".