Las últimas cifras, a escala naciona, con que cuenta Interior indican que al día 20 de noviembre del presente año, había 102.000 solicitudes de regularización presentadas en todo el país, de las 51.000 ya habían sido resueltas de modo favorable.

Según el gobernador, la mayoría de las solicitudes serán dictaminadas positivamente, ya que los motivos de exclusión son escasos, limitándose a expedientes de expulsión abiertos o aquellos individuos que estén implicados en algún delito o proceso judicial.

Las medidas de regularización no aectarán tan sólo a aquellos que puedan demostrar su permanencia en España con un contrato de trabajo, sino a los que se acojan a la figura de "reagrupación familiar". Los afctados por esa circunstancia tendrán de plazo hasta el 10 de marzo de 1992.

El Gobernador Civil destacó la labor de los empresarios españoles en cuanto a la creación de empleo para estos inmigrantes, ahora ilegales.

Los datos de Interior señalan que más de 80.000 empresarios han prometido o firmado pre-contratos de trabajo par esas personas, que es uno de los trámites necesarios para considerar sus solicitudes.

Joaquín Iñiguez apuntó que la normativa gubernamental va en beneficio de los trabajadores y contra la posibilidad de que sean utilizados como mano de obra barata. Los empresarios que incumplan la presente normativa serán sancionados con 500.000 pesetas por cada trabajador.

En lo que respecta a la provincia de Jaén, serán admitidas positivamente 367 solicitudes de inmigrantes, aún ilegales, procedentes de Marrueos, Pakistán y, en menor número, de China.

La Comunidad Autónoma Andaluza es la más afectada, según los mismos datos, por la llegada, casi diaria, de inmigrantes ilegales procedentes del Norte de Africa, aunque hoy no fueron facilitados datos concretos al respecto.