De hecho, el secretario general de la ONU, António Guterres, denunció en un evento de alto nivel que actualmente hay “demasiados obstáculos burocráticos y regulatorios” de países que están ralentizando la lucha contra el cambio climático al conceder "subsidios perversos para los combustibles fósiles".

Guterres instó a líderes empresariales a que "desafíen" a sus gobiernos para que en 2050 haya cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, este punto apenas progresa. La Alianza de Ambición Climática impulsada por Chile, que ostenta la Presidencia de la COP25, apenas ha conseguido nuevas adhesiones de países respecto de los que se sumaron en la Cumbre de Acción Climática celebrada el pasado septiembre en Nueva York (Estados Unidos) bajo el impulso de Guterres.

Entonces, un total de 66 países se habían comprometido a lograr la neutralidad climática; esto es, que las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas a la atmósfera se contrarresten con las que absorben sumideros naturales como los océanos o los bosques.

Ahora esa lista se amplía ligeramente a 72 países, como anunció la presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, pero la mayoría son naciones en desarrollo y no figuran los principales emisores: China, Estados Unidos, India y Rusia.

Tampoco hay muchas incorporaciones en regiones (de 10 a 14) e inversores (de 12 a 16, que movilizan cuatro billones de dólares), pero sí se han producido saltos cuantitativos importantes en ciudades (de 102 a 398) y en empresas (de 93 a 786).

DUDAS CON LA AMBICIÓN

Por otro lado, uno de los cometidos de la COP25 es su declaración final -de cariz político- que provoque un llamamiento claro para que los países aumenten su ambición climática en línea con la ciencia, a fin de que la temperatura del planeta no suba más de 1,5ºC con respecto a la era preindustrial.

Ese objetivo podría estar “descafeinado” cuando concluya la COP25 porque a algunos países les da “vértigo”, según comentó a Servimedia la responsable de Clima y Energía de WWF España, Mar Asunción. En este lado está Arabia Saudí, que ya en la Cumbre del Clima celebrada el año pasado en Katowice (Polonia) instó a eliminar la referencia científica del límite de 1,5ºC. En el bando más ambicioso se sitúa la Unión Europea.

Además, algunos países han manifestado que no llegarán a tiempo para presentar nuevos compromisos climáticos al alza en la próxima primavera, una recomendación lanzada desde la ONU para preparar el terreno con vistas a la Cumbre del Clima que tendrá lugar en Glasgow (Reino Unido) en 2020, según destaca Alejandro González, asesor de cambio climático para América Latina en InspirAction.

Por otro lado, Madrid debería cerrar el reglamento del Acuerdo de París, que queda pendiente del desarrollo del artículo 6, dedicado a los mercados de carbono, es decir, los intercambios de créditos o unidades de emisiones entre países o empresas.

En este caso, la UE y las ONG abogan por no cerrar ese apartado si es malo porque el Acuerdo de París entraría ya en vigor con algunas disparidades.

DISCREPANCIAS

Sobre los mercados de carbono, las discrepancias se centran en tres asuntos. Por ejemplo, muchos países quieren que se mantenga la “integridad ambiental”, expresión que en la jerga climática quiere decir que no puede hacerse doble contabilidad. Por ejemplo, un país que venda créditos de carbono a otra nación o a una empresa no debería imputarse tal reducción de emisiones si también lo va hacer el comprador.

Tampoco hay un acuerdo claro sobre qué hacer con los derechos de emisión generados a raíz del Protocolo de Kioto. Algunas delegaciones prefieren hacer tabla rasa y que el contador se ponga a cero en virtud del Acuerdo de París, pero otros, como Brasil, optan por mantener esos créditos que llevan años acumulando.

La disquisición se encuentra en que mantener el modelo de Kioto “rompería el mercado”, según las fuentes consultadas, al bajar el precio del carbono. Pero los países más ambiciosos quieren las mismas reglas desde cero.

Sobre los mercados de carbono, hay un punto que reclaman las organizaciones sociales para que se incluyan salvaguardas sociales y ambientales a través de mecanismos de desarrollo limpio, teniendo en cuenta las necesidades de las poblaciones locales. Por ejemplo, construir una presa podría contribuir a reducir las emisiones, pero perjudicaría a comunidades indígenas y les expulsaría de sus tierras.

Sobre la mesa de las negociaciones también está la posibilidad de que se estipule una tasa en las transacciones relacionadas con el carbono, que irían al fondo de adaptación al cambio climático para los países en desarrollo.

Por último, la Cumbre del Clima de Madrid aborda la revisión del mecanismo de pérdidas y daños por el que los países ricos compensan a los más vulnerables a la crisis climática a adaptarse.

Las naciones en desarrollo prefieren que se dé un rango de fondo financiero a ese mecanismo, pero los países desarrollados intentan encontrar fórmulas jurídicas por las que no se sientan obligadas a hacerlo y sí puedan contribuir a través del Fondo Verde por el Clima, por ejemplo.