A través de un comunicado, indicó que el pago asciende a 4.028.858,50 euros para sufragar ese servicio, que en las últimas semanas ha reclamado insistentemente el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) por los abonos que estaban pendientes ante la negativa del departamento que dirige Dolores Delgago.

El Ministerio explicó que "las certificaciones de los servicios prestados por los abogados que garantizan el derecho de defensa de los más desfavorecidos debían acreditar que la persona defendida tenía reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, tal y como establece la normativa aplicable".

La controversia surgió a raíz del rechazo del Gobierno a pagar el abogado de oficio en casos en los que consideraba innecesario, como el de varios implicados en la trama Gürtel. Esta decisión estaba basada en un informe de la Abogacía del Estado según el cual "no se pueden destinar los fondos públicos presupuestados para sufragar ese servicio con el fin de abonar actuaciones de abogados cuyos clientes no tenían reconocido el derecho a litigar con cargo al Estado, ya que no está contemplado por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ni por su Reglamento".

En base a ese informe, la Intervención delegada de Justicia reclamó que, a partir de octubre, las certificaciones enviadas por los colegios al Ministerio para el pago acreditaran que a cada ciudadano asesorado por estos letrados se le había reconocido este derecho a través de la comisión de asistencia jurídica gratuita correspondiente, el único órgano que, según la ley, puede hacerlo.

Conforme a la documentación recibida, el ministerio abonará 4.028.858,50€, lo que corresponde al 95% de lo reclamado inicialmente por los colegios. Solo un 5% del total, 228.499,11€, dejará de abonarse por no corresponder a servicios prestados a clientes con la asistencia jurídica gratuita reconocida, según la normativa que la regula.