El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, resaltó que “este estudio responde a tres preguntas: ¿muestran las empresas de Economía Social un comportamiento diferente al de las empresas mercantiles?, si es así, ¿cómo afectan esas diferencias a la sociedad?; y por último, ¿cómo medir esos efectos en unidades monetarias?".

Pedreño añadió que “el estudio, pionero internacionalmente, presenta una hipótesis de qué pasaría si las empresas de Economía Social pierden sus valores y principios, y pasan a comportarse como las empresas mercantiles, principalmente en tres aspectos: la contratación de ciertos colectivos con dificultades de acceso al empleo, las condiciones de trabajo de sus plantillas y la localización geográfica”.

Este informe, cofinanciado por Cepes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Cajamar, Corporación Mondragón y la Fundación Espriu, muestra que la Economía Social aporta a la sociedad unos beneficios netos totales (directos e indirectos) cifrados en 6.229 millones de euros anuales, de los cuales, el 71,7% está vinculado a la ocupación de colectivos con dificultades de acceso al empleo y el 16,9% a la mayor estabilidad del empleo.

Por agentes, los principales beneficiarios son los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, que reciben 3.930 millones de euros anuales en rentas salariales. En segundo lugar, las Administraciones Públicas, con 1.770 millones de euros anuales de beneficios directos e indirectos y, por último, las propias empresas, que obtienen un beneficio neto de unos 528 millones de euros anuales.

TEJIDO PRODUCTIVO

El Estudio recoge que 6 de cada 100 empresas y entidades del sector privado de la Economía Española pertenecen a la Economía Social. En relación con el desarrollo de la Economía Social por comunidades autónomas, se destaca el alto desarrollo que tiene en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía o País Vasco. En cambio, todavía tiene niveles de empleo inferiores a los esperados, teniendo en cuenta su tamaño y el dinamismo económico, en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Canarias.

En cuanto a la presencia de la Economía Social en los sectores económicos, el estudio precisa que este modelo empresarial tiene un peso relevante en el sector de servicios sociales (41.2%), de actividades artísticas y recreativas (31.7%), de educación (24.3%), de agricultura (13%) y sector energético (10,1%).

CRECIMIENTO INCLUSIVO

“El comportamiento de las empresas y entidades de la Economía Social es diferente a las empresas mercantiles, y se traduce en un crecimiento económico más inclusivo y en la reducción de las desigualdades. Además, son empresas con un fuerte compromiso con el territorio, lo cual provoca una importante contribución a la cohesión social y a la cohesión territorial”, precisó Pedreño.

Los resultados obtenidos confirman la existencia de un comportamiento diferencial generador de valor social a través de creación de empleo inclusivo, mayores niveles de estabilidad en el empleo, menor brecha salarial y mayor nivel de igualdad.

El análisis revela "la mayor presencia relativa de la Economía Social en las ciudades intermedias y zonas rurales, y su significativa contribución a la creación de tejido empresarial y empleo, a la competitividad de las economías locales y a la fijación de población en este ámbito".

La Economía Social se ubica mayoritariamente en municipios menores de 40.000 habitantes, (60,2% de las empresas y 54,6% de sus trabajadores). En las empresas mercantiles estos porcentajes se invierten y tanto ellas como sus trabajadores se localizan mayoritariamente en el ámbito urbano.

Destaca el peso de la Economía Social en las ramas agroalimentarias (53,2% en la fabricación de aceites y grasa vegetales y animales, 28,9% en la fabricación de productos para la alimentación animal; 21,9% en la fabricación de bebidas y 13,6% en el procesado y conservación de frutas y hortalizas). También, en educación y en servicios a la dependencia.

IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

Con objeto de aproximar los principios y valores de la Economía Social, el estudio contempla una hipótesis en la que las empresas de Economía Social pierden sus “principios” y pasan a comportarse como empresas mercantiles en temas como la contratación, la especialización o la localización geográfica.

El impacto de este escenario, según el estudio, sería que el empleo sería menos inclusivo (172.000 trabajadores de algún colectivo con dificultad de acceso a la ocupación perderían su empleo). Además, en el ámbito territorial, se perderían cerca de 55.000 en las zonas rurales y unas 141.000 personas podrían desplazarse a zonas urbanas.

PRESENTACIÓN DEL INFORME

En la presentación del informe estuvieron presentes la directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la RSE del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, María Antonia Pérez León; el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño; y el equipo investigador de Abay Analistas, formado por Maribel Martínez y Belén Castro.

Pérez León destacó “la importancia y la novedad de este informe que vuelve a situar a la Economía Social como referente mundial”. Además, añadió que “este análisis nos permite conocer datos estadísticos que ponen de manifiesto el importante impacto de este modelo empresarial, no solamente en el escenario socioeconómico español, sino también en la implantación de la Agenda 2030”.

Pedreño señaló que el estudio “supone una herramienta científica que avala las reivindicaciones institucionales de nuevas políticas públicas a favor de la Economía Social, basadas en la constatación empírica de sus aportaciones sociales y territoriales”.