El PP quiere evitar que la entrada en vigor el próximo mes de junio del nuevo Registro Civil suponga el cierre de “la inmensa mayoría de las sedes del Registro que existen” ahora, ya que “esto perjudicaría de manera muy especial a los municipios pequeños y crearía una situación claramente nociva para la España rural”.

El 21 de julio de 2011 se promulgó la Ley 20/2011 del Registro Civil y por su “complejidad” y “el cambio radical respecto al modelo anterior” su implantación ha sido difícil. Por ello, según informa el PP, ha habido varios aplazamientos y será el próximo mes de junio cuando entre en vigor.

Precisamente, el portavoz adjunto del PP Carlos Rojas y la diputada popular María Jesús Moro se reunieron hoy en el Congreso con miembros de SOS Registro Civil y durante el encuentro les informaron acerca de esta proposición de ley que han registrado para modificar la normativa sobre el Registro Civil.

En este sentido, la propuesta de modificación quiere preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito; garantizar el acceso a todos los ciudadanos, impulsándolo también mediante servicios electrónicos; aprovechar la experiencia, y respetar los derechos de los empleados públicos a cargo de los mismos, los letrados de la Administración de Justicia.

El PP considera que el Registro es una institución que “afecta a todos los ciudadanos y cumple funciones esenciales para garantizar la seguridad jurídica de las personas”.

Además, sus oficinas sirven como un “importante instrumento de cohesión territorial, dada la dispersión de los núcleos de población, las distancias entre ellos y su diversa situación en cuanto a dotaciones tecnológicas”, recalcan desde el PP.

Es la tercera vez que el PP presenta una proposición de ley en defensa del Registro Civil, dado que la primera fue bloqueada en 2017 por PSOE y Ciudadanos, y la segunda decayó tras la disolución del Parlamento el pasado mes de septiembre.

El texto fue negociado y consensuado en su día con asociaciones y sindicatos y representantes de los profesionales de la Administración de Justicia.

Ante la “pasividad del Gobierno” al respecto, todos los diputados del PP han dirigido también preguntas parlamentarias al Ejecutivo para conocer qué está haciendo en cada circunscripción para evitar “los problemas derivados de su desidia”.