Soler era el máximo responsable político del cuerpo policial autonómico durante el `procés´. Explicó que a media mañana del día 20 de septiembre "me comunican que han puesto en marcha el Cecor, cuando hablo con el mayor. Yo hago el seguimiento desde la dirección general".

Explicó que conocía “poco” a Jordi Sànchez “de cuando trabajaba con el Síndic”. Admitió haber mantenido una conversación telefónica con él durante el 1-O en la que le pidió una dotación de Mossos en una manifestación.

Sobre su mediación a lo largo de la jornada del 20-S, Soler dijo que se enteró “a la mañana siguiente”. Hasta entonces “no sabía qué relación había tenido Sànchez con Mossos o Guardia Civil". "¿No le informaban?", le preguntó el fiscal con sorpresa. "Eso estaba en manos del operativo, y más si está ordenado por la autoridad judicial, yo no puedo entrar".

"¿Quién le informaba de lo que pasaba? ¿No sabía que Forn instó a Trapero a contactar con Sánchez para mediar?", insistió el fiscal incrédulo por que el máximo responsables de la policía autonómica no tuviera conocimiento de ello. "No", respondió escuetamente Soler, que además aseguró que sigue todo lo que sucedió en la Consejería de Economía por los medios de comunicación y que no es hasta la mañana siguiente cuando se entera de las dificultades que tuvo la comitiva judicial para salir del edificio.

En relación con el 1-O explicó que los Mossos se pusieron al servicio de la fiscalía. Insistió en que no conocía el plan `Escoles Obertes´ para mantener los colegios ocupados hasta el día de la votación y rechazó conocer en su momento la carta enviada por el mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero al fiscal rechazando la colaboración de Policía y Guardia Civil.

El fiscal está haciendo un interrogatorio incisivo para poner de relieve las contradicciones entre lo que declara Soler y lo que hizo. Le preguntó, por ejemplo, por un informe en el que se preveían varios escenarios antes y después del referéndum del 1-O en el que se daba a entender que su celebración era prácticamente un hecho. Los acusados han venido sosteniendo que la traducción del catalán no era correcta y Soler insistió en que “no teníamos datos suficientes para afirmar con certeza que el referéndum se iba a celebrar".