En respuesta a preguntas de su abogado, Fermín Morales, el exsecretario general en la Consejeria de Interior, para el que la Fiscalía pide 11 años de cárcel por un delito de rebelión, dijo que "desde la Consellería de Interior no se utilizó un euro para el referéndum".

En respuesta al fiscal Pedro Rubira explicó porque no abandonó el puesto tras la marcha de Jordi Jané como máximo responsable del departamento. "Mi compromiso era con el señor Jané, pero el conseller Forn (su sucesor) me pide continuar. Conozco la casa. He intentado mantenerme fiel a las estructuras de la Generalitat y le dije que estaba dispuesto".

Según Puig, lo que pretendía el Gobierno catalán era celebrar “un referéndum pactado" con el Estado y en todo ese proceso había "mucha preocupación" por la dotación presupuestaria que era de su competencia.

Recordó que los Mossos habían tenido que afrontar actuaciones extraordinarias por los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils y en todas sus reuniones con el mayor Josep Lluis Trapero se trataba el tema de la obtención de recursos para afrontar las actuaciones que les ordenaran los jueces.

En respuesta a su abogado indicó que tuvo que lidiar con problemas "presupuestarios” puesto que el operativo diseñado podría costar “entre cuatro y cinco millones de euros. También faltaban vehículos, unos 60 o 70, y se comunicó una incidencia en el helicóptero”, por lo que se pidió “la contratación de un helicóptero para el 1-O".

Puig también respondió a una pregunta sobre la reunión en la que responsables de la Consejería de Economía pidieron a los Mossos que les remitieran datos fiscales de defraudadores y registros de hoteles y apartamentos turísticos con fines recaudatorios. El acusado aseguró que no conocía previamente el contenido de la reunión y que al ser informado más tarde pidió disculpas.