En un comunicado, desde el sindicato critican “el fraude que sufre la juventud en la realización de las prácticas no laborales”, y apuntan que “se extiende a todos los aspectos: falta de formación real, inadecuación de contenidos, no tutorización e incluso la utilización de las mismas para suplir contratos de trabajo, lo que trae consigo una desvirtualización de la finalidad de las mismas y, en muchos casos, un fuerte impacto económico para estas personas y para las arcas del Estado y la Seguridad Social”.

En concreto, UGT ha detectado que “existe un elevado número de personas que realizan prácticas no laborales, en torno a 866.079 personas en 2018”, aunque consideran que se trata de una cifra infraestimada ante la falta de estadistas oficiales. De esta forma, calcula que, ponderando ese dato por el número de meses de realización de prácticas, supone 296.310 puestos de trabajo anuales.

Por ello, el sindicato señala que “esto tiene un impacto importante en el sistema de Seguridad Social y en los salarios”, ya que, por un lado, el impacto que las prácticas no laborales tuvo sobre los salarios en 2018 fue de 3.049 millones de euros si estas personas hubieran cobrado el Salario Mínimo Interprofesional, y de 4.251,8 millones de euros si hubieran cobrado lo que indica la Encuesta de Estructura Salarial para el tramo de edad de 20 a 29 años (14.349,26 euros al año).

Por otro lado, subraya que el impacto que las prácticas no laborales tienen sobre el sistema de la Seguridad Social ascendió en 2018 a 1.143,4 millones de euros en cotizaciones si estas personas hubieran cobrado el SMI, y a 1.594,4 millones de euros en cotizaciones si hubieran cobrado lo que indica la Encuesta de Estructura Salarial para el tramo de edad de 20 a 29 años (14.349,26 euros al año).

En este contexto, UGT recuerda el último caso descubierto, en el que la Seguridad Social le reclama a la Universidad Carlos III de Madrid 1,5 millones de euros por contar con personas becarias de manera irregular, y destaca que este caso “vuelve a poner en tela de juicio la actual regulación y control de las prácticas no laborales”.

Por todo ello, el sindicato reclama un Estatuto de las Prácticas no laborales en el marco del diálogo social, donde se recojan claves como “una legislación más garantista para el propio alumnado en aquellas prácticas no laborales curriculares, donde se potencien los sistemas de control y se refuerce la finalidad formativa de las mismas”

Asimismo, considera necesaria la “laboralización” este tipo de prácticas no laborales extracurriculares, así como “el registro y control de las prácticas no laborales en un sistema centralizado, para conocer cuántas personas en nuestro país están realizando prácticas no laborales y, de este modo, poder hacer un seguimiento más pormenorizado de las mismas”.