Este acuerdo ya fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de marzo, pero, puesto que su naturaleza lo dejaba sujeto a la correspondiente aprobación parlamentaria, la disolución de las Cortes con motivo del adelanto electoral hizo imposible su ratificación en sede parlamentaria.

Tras la conformación del Gobierno de coalición y coincidiendo en el tiempo con la confirmación del 'Brexit' -fijado para este viernes-, Exteriores tiene previsto elevar esta cuestión al Consejo de Ministros del próximo martes, según informaron fuentes diplomáticas.

Este tratado fiscal lo elaboró Exteriores con la colaboración del Ministerio de Hacienda, siguiendo el modelo de los establecidos entre Francia y Mónaco; España, Francia y Andorra; Italia y San Marino; y Vaticano e Italia.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, y el ministro de la Presidencia británico, David Lidington, firmaron el pasado 4 de marzo 'Ad referéndum' un acuerdo internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido, el primero rubricado sobre el Peñón desde el Tratado de Utrecht (1713).

Este tratado se enmarca en el contexto del 'Brexit' y su condición de 'Ad referéndum' requiere de su aprobación por el Consejo de Ministros. Su naturaleza lo deja sujeto a la correspondiente aprobación parlamentaria.

La UE ha acordado con Londres un Acuerdo de Retirada que incluye un protocolo anejo sobre Gibraltar fruto de la negociación entre el Reino Unido y España. Este protocolo menciona los cuatro memorandos de entendimiento sobre el Peñón firmados el 21 de noviembre de 2018 (derechos de los ciudadanos, tabaco, cooperación en materia ambiental y cooperación en materia policial y aduanera), y el referido acuerdo fiscal.

El acuerdo tiene como objetivos la reducción y eliminación del fraude fiscal y los efectos perjudiciales para la hacienda española derivados de las características del régimen fiscal de Gibraltar, el establecimiento de unas reglas claras para resolver más fácilmente los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas y evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España.

Para ello, establece un régimen reforzado de cooperación administrativa entre las autoridades competentes de las respectivas administraciones tributarias. Este régimen incluye el intercambio de información sobre determinadas categorías de rentas y activos de especial importancia para la lucha contra el fraude en la zona.

También se prevé la adaptación dinámica de este régimen especial de cooperación a los nuevos estándares de la Unión Europea y la OCDE en materia de transparencia, cooperación administrativa, prácticas fiscales perjudiciales y de lucha contra el blanqueo de capitales.

El acuerdo establece además una serie de normas para resolver los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas, con el objetivo de resolver los problemas de falsas residencias en Gibraltar de personas físicas que residen realmente en España.

Respecto a las personas jurídicas y otras entidades gibraltareñas, se establece su residencia fiscal en España cuando las mismas tengan una relación significativa con España, bien por la localización de la mayoría de sus activos o la obtención de la mayor parte de sus ingresos en el país, o bien cuando la mayoría de sus propietarios o sus directivos son residentes fiscales en España.