“Nosotros ya decíamos que pasaría lo que está pasando, que se colapsarían los juzgados”, dijo Buenaventura.

A su juicio, la situación que se vive en la administración es “preocupante”, pues se están fijando las fechas de los desalojos para tres meses, dijo, cuando la ley establece 30 días. Por ello, considero necesaria una revisión de la ley del “desahucio exprés”, que acaba de cumplir un año.