Durante la defensa de la convalidación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que las medidas incluidas en el real decreto-ley son “medidas de absoluta urgencia y necesidad” y que su aprobación es necesaria para “evitar importantes perjuicios”, por lo que apeló a la responsabilidad de las distintas formaciones parlamentarias.

En este sentido, indicó que algunas medidas habrían dejado de estar en vigor y otras habrían entrado en funcionamiento y habrían castigado a colectivos como pensionistas, autónomos o agricultores.

Asimismo, destacó que, en el caso de la prórroga del Impuesto de Patrimonio, resulta “de vital importancia”, al considerar que este impuesto es “el que mejor refleja la progresividad del sistema fiscal”.

Por otro lado, el diputado del PP Mario Garcés anunció el voto en contra de su grupo parlamentario por, entre otras razones, incluir la prórroga del Impuesto de Patrimonio, que consideró “anacrónico”.

Por parte de Vox, José María Figaredo indicó su abstención, al considerar que el real decreto-ley supone “una patada adelante” y, sobre las pensiones, señaló que la política de revalorizaciones del Gobierno hace que el sistema sea “insostenible”.

En cuanto a Unidas Podemos, el diputado Joan Mena celebró que la nueva legislatura tiene “mucho que aportar a España” y que el Gobierno de coalición “tiene el reto de acabar con la herencia” del PP, para a continuación reclamar a la ultraderecha que hable más del “pan” y menos del “pin” y señalar que reales decretos-leyes como este son necesarios para revertir “la anomalía” de la prórroga de los Presupuestos de Cristóbal Montoro, a los que consideró “una losa”.

Dentro del Grupo parlamentario Plural, Ferran Bel, de Junts per Catalunya, también notificó el voto a favor de los diputados de su partido, pero criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez haya presentado 42 decretos-leyes desde que asumió la Presidencia por primera vez en junio de 2018. Así, aunque mostró su comprensión por el uso del real decreto-ley para estas medidas y resaltó la responsabilidad de su formación, pidió al Gobierno que “no pretenda legislar” a base de esta fórmula y le reclamó que cuente con el resto grupos parlamentarios.

También dentro del Grupo Plural, Néstor Rego, del BNG, señaló su abstención al estar de acuerdo con algunas medidas incluidas en la norma pero en contra de otras, mientras que Inés Sabanés, de Más País, -que pidió la instauración definitiva del Impuesto de Patrimonio y reconoció la utilización en esta ocasión del real decreto-ley porque “partimos de una situación de bloqueo político”- anunció el voto favorable de su formación.

En nombre de Ciudadanos, María Muñoz Vidal criticó “los decretazos” por parte del Ejecutivo y señaló la contradicción de que el PSOE le hiciera la misma crítica al PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy, pero anunció la abstención de su partido, “por responsabilidad”. Además, denunció que el sistema de módulos de los autónomos es “un pozo sin fondo de fraude fiscal”.

Por parte del PNV, Idoia Sagastizabal, indicó el voto a favor de la convalidación del texto, al mostrarse de acuerdo con su contenido.

La diputada Mireia Vehí, de la CUP, anunció la abstención de su partido y reclamó que en materia tributaria lo necesario es “que pague mucho más quien más tiene”, añadiendo que para ello “hace falta valentía política”.

Por último, Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, destacó que la convalidación “pone término a un periodo de larguísima sequía legislativa”, pero criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido “incapaz” de sacar adelante proyectos de ley y que, por ello, “ha abusado” de la figura del real decreto-ley. Asimismo, tildó el real decreto-ley de “revoltijo” y reclamó una reforma fiscal.

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Sobre el Impuesto de Patrimonio, el decreto prorroga para 2020 este tributo que fue restablecido en 2011 de forma temporal para mantenerlo en vigor dos años debido a la necesidad que entonces había de reforzar los ingresos públicos para asegurar la estabilidad de la economía.

Sin embargo, el impuesto, cuyo rendimiento está cedido a las comunidades autónomas, lleva prorrogándose anualmente desde 2013, incluyendo los años del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, argumentando que, debido a “las necesidades presupuestarias”, sigue siendo necesaria su vigencia para la consolidación fiscal.

El Impuesto de Patrimonio, creado inicialmente con carácter temporal en 1977, pasó a ser permanente en 1991, pero en 2008, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue suprimido al considerarse que no alcanzaba de forma eficaz los objetivos para los que fue diseñado, pero en 2011 volvió a ser recuperado de carácter temporal.

El real decreto-ley también prorroga para el período impositivo 2020 los límites cuantitativos de facturación por módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La legislación vigente hasta ahora recogía que para el próximo año se reducirían los umbrales a partir de los cuales un autónomo no puede tributar por el método de estimación objetiva, pero el texto aprobado modifica ese escenario y mantiene inalterables los límites de exclusión vigentes en la actualidad.

De esta forma, los trabajadores por cuenta propia no podrán tributar por el método de estimación objetiva cuando el conjunto de sus actividades supere los 250.000 euros o cuando la facturación a otros empresarios o profesionales sobrepase los 125.000 euros. De no aprobarse esta norma, los límites anteriores quedarían establecidos en 150.000 euros y 75.000 euros, respectivamente.

Además, los autónomos que adquieren bienes y servicios hasta 250.000 euros podrán mantenerse en el sistema de módulos, mientras que estaba previsto que este límite se redujera a 150.000 euros en 2020.

Por otro lado, también se prorrogan para el período impositivo 2020 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por último, el real decreto-ley también incluye la aprobación de los coeficientes de actualización, al alza o a la baja, de los valores catastrales de inmuebles urbanos para 2020 en los términos del artículo 32.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario.