En este sentido, de cara a la adjudicación de futuras concesiones, señaló que su departamento trabaja en la elaboración de pliegos con nuevos requisitos que den mayores garantías, tanto en la prestación del servicio como a la hora de adoptar medidas en caso de incumplimiento.

Se barajan varias opciones, continuó Reyero, que precisó que el precio podría ser una de ellas, pero también establecer periodos de concesión más largos o marcar un umbral de penalidades más bajo que permita la rescisión de contrato si fuera necesario.

Además, aseguró que para garantizar el correcto funcionamiento en las residencias de mayores su departamento seguirá ejerciendo la labor de control y vigilancia a través de las inspecciones que realizan los técnicos de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, imponiendo sanciones o penalidades económicas si detectan cualquier tipo de incumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos.

Declaró que en el marco de estas actuaciones, la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad dio luz verde al inicio del expediente de resolución de cuatro contratos que la Comunidad de Madrid tiene con cuatro residencias de gestión indirecta.

Explico que es la primera vez que se pone en marcha este procedimiento por parte del Gobierno regional y dijo que el resultado podría suponer la rescisión de los contratos con dos de las empresas que gestionan los centros de Peñuelas, Ensanche de Vallecas y de Usera en Madrid, así como la Residencia de Parque de Los Frailes en Leganés.

Asimismo, señaló que, según ha podido constatar su departamento, el grupo Aralia habría subcontratado a personal de enfermería para cubrir ausencias, una práctica que se prohíbe en los pliegos de condiciones y que sería por tanto motivo suficiente para rescindir los contratos que la empresa tiene en vigor para la gestión de estos centros.

Indicó que “estamos en una etapa inicial del proceso de resolución de los expedientes" e hizo hincapié en que la detección de esta irregularidad es fruto de la intensa labor de vigilancia realizada por la Consejería de Políticas Sociales”, siempre con el objetivo de “garantizar la mejor atención a los mayores que residen en los centros que dependen de la administración pública”.

ACTUACIONES

En los últimos cuatro meses de 2019 se impusieron siete penalidades de carácter grave a empresas que gestionan residencias públicas por motivos como falta de higiene, descuido en la asistencia o escasez de personal.

“Nuestro deber como administración pública es asegurar que la atención que reciben las personas mayores, en muchos casos personas dependientes, es excelente”, según Reyero.

En este sentido, se refirió a la transparencia en todas y cada una de las actuaciones realizadas en esta materia “ya que el interés general de los madrileños y más especialmente de las personas más vulnerables como son los mayores, está por encima de todo” y manifestó que “es precisamente la transparencia en la publicación de sanciones y penalidades, garantía de éxito en la colaboración público privada”.

Respecto a la actualización de la normativa, el consejero recordó que el objetivo de haber iniciado una mesa con sindicatos y patronal para revisar y actualizar la regulación existente es que, en la Comunidad de Madrid, no existan diferencias entre una residencia pública, una de gestión indirecta o una privada.

“Los familiares de las personas que entran en una institución residencial deben tener la tranquilidad de que van a estar lo mejor atendidos posible”, concluyó.