En esta PNL se pedían “mejoras necesarias en la red de trenes para su correcto funcionamiento cotidiano, la financiación necesaria por parte de ambas administraciones para que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia funcione de forma adecuada en la Comunidad y la aprobación del marco legislativo que permita detener la abusiva subida de los precios del alquiler", haciendo así efectivo “el derecho constitucional a la vivienda”.

También, el "desarrollo, aplicación y ampliación del Pacto de Estado contra la violencia de Género y su revisión para completar sus posibles carencias, medidas para la protección del medio ambiente madrileño y la coordinación entre instituciones para afrontar la emergencia climática y la adecuación de las infraestructuras de justicia madrileña para su correcto funcionamiento".

Asimismo, la aprobación de una ley integral de juego de la Comunidad de Madrid en coordinación con el desarrollo de la ley de regulación estatal del juego y “la reducción de la precariedad juvenil en el empleo y la prevención de la expulsión del talento del país así como la adopción de medidas que enfrentan el reto demográfico de la reducción de natalidad y el retraso en la edad de tener el primer hijo de las familias madrileñas”.

Además, “la protección de los derechos de la infancia para erradicar la violencia y ampliar sus oportunidades y cualquier otra medida en la que la colaboración entre el Gobierno madrileño y español pueda redundar en una mejora de las condiciones de vida de las familias madrileñas”.