En declaraciones a los medios antes de entrar a la reunión, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha (PSOE), Juan Alfonso Ruiz, señaló que su comunidad debe recibir 135 millones de euros de la liquidación del IVA de 2017 y que, si no los consiguen por la vía institucional, los reclamarán “en los tribunales, de la misma forma que el Estado cuando está disconforme con alguna norma que ha aprobado la comunidad autónoma la recurre en el Constitucional”.

En los mismos términos se expresó Rosario Sánchez, consejera de Hacienda de Baleares, comunidad autónoma gobernada por el PSOE. La consejera balear recordó que el problema sobre el IVA de 2017 fue provocado por el cambio introducido entonces por el Gobierno del PP en el Suministro Inmediato de Información (SII), que provocó que las autonomías hayan perdido una mensualidad en la liquidación de dicho ejercicio.

En cualquier caso, Sánchez señaló que en caso que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “diera por cerrada la vía política” para dar solución a esta cuestión, “tendríamos que plantearnos otros caminos” y que “no descartamos la vía judicial”.

Por parte de comunidades gobernadas por el PP, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, señaló que en la reunión de esta tarde “queremos que se hable de lo que se debe a las comunidades autónomas”, indicando que el importe del IVA de 2017 que correspondería a Madrid sería de 431 millones de euros.

El consejero madrileño, además, criticó la reunión mantenida ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, señanado que “no se pude abrir una negociación bilateral con los independentistas catalanes para darles todo el dinero, cuando lo que quieren es la independencia”.

FLEXIBILIZACIÓN DEL DÉFICIT

Por otro lado, preguntados sobre la anunciada flexibilización del déficit que podrán tener las comunidades en 2020 (ampliándose del objetivo actual del 0% a uno del 0,2%), las valoraciones de los consejeros de PP y PSOE difieren. Así, mientras que los consejeros socialistas consideran positivo disponer de mayor capacidad de gasto, los del PP criticaron dicha flexibilización. En cualquier caso, los consejeros socialistas opinaron que disponer de un mayor déficit no debería plantearse como una compensación por el IVA.

En este sentido, el consejero de Castilla-La Mancha aseguró que “son dos cosas diferentes”. “Aplaudo que se nos permita que tardemos más años” en llegar al equilibrio presupuestario, señaló, para luego indicar que “no me gusta vincular la senda de déficit con la deuda que mantiene el Estado con las comunidades”.

De la misma forma, Sánchez afirmó que “son cosas diferentes” y, aunque reconoció que la flexibilización del déficit, “es una propuesta que mejora la situación de las comunidades”, advirtió que “el déficit de 2020 no tiene que ver con la compensación del IVA”. “No es una compensación”, reiteró.

Por su parte, preguntado por la ampliación del objetivo de déficit en 2020, Lasquetty declaró que “Madrid lo que no quiere es que haya más déficit; que vengan los fondos que nos corresponden”. Además, reclamó “la capacidad de tener unos impuestos bajos y seguir bajándolos” y “empezar por fin a revisar” el sistema de financiación autonómica para “que sea justo, transparente, multilateral, solidario y equitativo”.

En cuanto al consejero de Hacienda, Industria y Energía de Andalucía, Juan Bravo, el popular criticó que el Gobierno quiera “solucionar las cosas a base de más deuda”. “Esas dos décimas de déficit suponen endeudarnos”, denunció, para acto seguido reclamar “que nos paguen lo que nos deben” y resaltar que “la ministra ha conseguido la unanimidad de todos” respecto al déficit.