En sendas cartas firmadas por el secretario general de CESM, Gabriel del Pozo, y el presidente de Satse, Manuel Cascos, ambas organizaciones sindicales trasladan a los distintos responsables del Gobierno de Pedro Sánchez que “no se están cumpliendo los preceptos constitucionales de igualdad y equidad en la atención sanitaria entre las personas privadas de libertad por la existencia de numerosos problemas y deficiencias a los que sigue sin darse solución desde las diferentes administraciones públicas”.

ENTORNO LABORAL

Según apuntaron, dentro de los graves problemas a los que se enfrentan diariamente los profesionales médicos y de enfermería, y que repercuten en sus condiciones laborales y en la calidad de la prestación de la asistencia sanitaria, destaca “el déficit de personal, que les obliga, en el caso de las enfermeras, a asumir responsabilidades y funciones que no les corresponden”.

Desde estos sindicatos señalaron, además, que se trata de profesionales sanitarios cuyo trabajo se desarrolla en un entorno laboral que reúne especiales condiciones de “peligrosidad y penosidad”, al atender y cuidar a un “importante número de personas con problemas derivados del consumo de sustancias estupefacientes, enfermos mentales o pacientes que padecen enfermedades infectocontagiosas, entre otros ejemplos”.

Una preocupante situación que, en opinión de estos sindicatos, cambiaría si se procediese finalmente a la transferencia de los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias a las comunidades autónomas para su integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud.