Lo comunicó hoy la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 en las redes sociales, después de que Pablo Iglesias se reuniera, junto a la ministra de Trabajo, con representantes de sindicatos agrarios.

El Gobierno va a realizar las modificaciones necesarias para que la Inspección de Trabajo pueda personarse e intervenir en esos asentamientos.

Desde la vicepresidencia se recuerda que el relator especial de la ONU para la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, constató en su informe las “nefastas condiciones de trabajo y vivienda” en el campo de Huelva, que definió como “mucho peores que las de un campo de refugiados”.

“El Gobierno de España no va a permanecer impasible ante este informe, que supone una vergüenza para nuestro país”, avisa el Ejecutivo. Por ello, dice que se modificará la legislación actual, que “no permite a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comprobar las condiciones de dichas infraviviendas.