Su exposición y defensa la realizará la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien la semana pasada recordó que era una de las 14 directivas pendientes que encontró el Gobierno de Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa en 2018 y por las que Bruselas amenazaba con sanciones a España, al haberse agotado el plazo sin incorporarlas al ordenamiento jurídico nacional.

El plazo para incorporar la normativa europea sobre distribución de seguros (IDD, por sus siglas en inglés) vencía en julio de 2018 y la vinculada a los planes de pensiones de empleo tendría que haber entrado en vigor en enero de 2019.

La tramitación de la normativa referida a seguros se inició en mayo de 2018, pero la moción de censura al Ejecutivo del PP y la fragmentación parlamentaria, junto a la urgencia que se imprimió a otras directivas, fue posponiendo su proceso. En marzo pasado, la Comisión Europea amenazó a España con llevarla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la demora.

Curiosamente esa situación no ha impedido que la industria aseguradora haya ido adaptándose de forma anticipada, mientras pedía su pronta adopción ya que España es el único país que hoy carece de ella en la UE.

Entre otros factores, la directiva de distribución de seguros refuerza la protección de los asegurados con independencia del canal que utilicen para contratar la póliza e incluyendo obligaciones de transparencia y conducta para los distribuidores.

El cliente deberá ser informado de todos los costes, gastos y riesgos que asume en los productos de inversión basados en seguros y se establecerá además la obligación de proporcionar una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión. Asimismo, se endurecen las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de información.

Uno de los aspectos que regula son las prácticas de ventas combinadas y vinculadas, de forma que el distribuidor tendrá que detallar los costes individuales de todos los productos cuando su oferta se realice en un pack de productos o servicios. Con esto entra de lleno en la venta bancaria de packs financieros o de condicionar la concesión o precios de algunos productos, como las hipotecas, a la suscripción de un abanico de pólizas, normalmente de hogar y vida.

La nueva ley obliga además a informar al usuario de manera expresa y comprensible de los efectos que la no contratación o la cancelación anticipada del seguro o de cualquiera de los productos vinculados causaría sobre el coste conjunto del seguro y el resto de los productos, antes de su firma.

La nueva normativa se aplica a todos los distribuidores de seguros, incluyendo a todas las entidades de seguros y sus empleados que distribuyen seguros directamente, a más de 3.300 corredores de seguros y 72.000 agentes de seguros sujetos a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y a los 1.740 corredores de seguros sujetos a la supervisión de las Comunidades Autónomas.

De forma adicional el real decreto regula a los llamados 'comparadores' y ordena aspectos fundamentales para el adecuado funcionamiento del mercado de seguros como la tipología y requisitos que han de cumplir los distribuidores para acceder a la actividad y mantener la autorización.

Por su parte, la directiva de fondos de pensiones de empleo, es decir, aquellos suscritos por las empresas en favor de sus trabajadores, incorpora novedades dirigidas a mejorar sus sistemas de gobierno, información, supervisión y transparencia. Se incluyen también medidas encaminadas a impulsar la competitividad y la creación de un mercado único, mediante la regulación de la actividad y las transferencias transfronterizas de fondos, y para mejorar la información que reciben sus beneficiarios.