El proyecto de ley aprobad por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital adapta al ordenamiento jurídico nacional al reglamento comunitario.

“Se refuerza así la seguridad jurídica y se da un paso más en la ordenación del proceso de digitalización de la economía y la sociedad, en beneficio de los ciudadanos”, indicó el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Su objetivo es complementar al Reglamento de la UE nº 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios electrónicos, en aplicación desde el 1 de julio de 2016. Este reglamento prevé que determinados aspectos técnicos y de organización interna se establezcan por parte del legislador nacional.

Entre otros aspectos, regula la comprobación de la identidad de los solicitantes de un certificado cualificado por parte de los prestadores, el tiempo máximo de vigencia de los certificados, la entrega electrónica certificada o la autenticación de sitios web.

También regulará el régimen de responsabilidad y de previsión de riesgo de los prestadores de servicios, los efectos jurídicos de los documentos electrónicos, cuando se haya utilizado un servicio de confianza cualificado, y establecerá además un nuevo régimen sancionador ampliado al conjunto de los servicios de confianza y adecuado al reglamento europeo

Además, designa al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como organismo responsable de la supervisión de los prestadores de servicios de confianza y de la construcción de la Lista de Servicios de Confianza.

España es el país de la UE con mayor número de prestadores de servicios cualificados, entre los que están la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o la Dirección General de la Policía.