Así lo acordó este martes el Consejo de Ministros que, en su última reunión, ha dado luz verde al acuerdo por el que se aprueban los criterios de distribución para el presente ejercicio de los recursos de dicho fondo, coordinado por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, que está presidida por la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martí y de la que forman parte otros representantes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Justicia.

Conforme a dicho acuerdo, se sufragarán programas de prevención de toxicomanías, asistencia e inserción social y laboral de drogodependientes, consistentes en programas de sensibilización y prevención frente al consumo de drogas; atención a menores afectados o en situación de riesgo así como a drogodependientes con problemas judiciales o internados en instituciones penitenciarias y poblaciones de alto riesgo.

Asimismo, se financiarán la formación y reciclaje de profesionales, voluntarios y mediadores sociales; proyectos de investigación en materia de drogodependencias y proyectos y programas sobre drogodependencias que incluyan la perspectiva de género.

Por otra parte, las cantidades de los bienes decomisados también pueden destinarse a programas y actuaciones acometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia de lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Unos programas dirigidos a mejorar las comunicaciones y los sistemas informáticos, incrementar los medios materiales y promover la formación de los recursos humanos dedicados a esta actividad.

Junto a la atención a los gastos de administración y de gestión del propio fondo y el apoyo a programas y actuaciones de cooperación internacional en estas materias, el acuerdo permite la financiación de otros programas de “especial interés” que deban desarrollarse en el ejercicio 2020. Principalmente, los que se ejecuten en cumplimiento de la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 y de los Planes de Acción que la desarrollan.

Una vez aprobado este acuerdo, la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones establece el reparto de los fondos y se efectúan las transferencias de créditos y posteriormente se podrán convocar subvenciones o suscribir los correspondientes convenios.

Los beneficiarios de las cantidades integrantes del Fondo son las comunidades autónomas, corporaciones locales, organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro.

También pueden beneficiarse las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, otros organismos o entidades públicas de la administración general del Estado, los organismos internacionales con competencias en la materia y las entidades supranacionales y gobiernos de otros países.