En un comunicado, el sindicato afirmó que valora positivamente los dos impuestos “puesto que son figuras necesarias, que vienen a complementar la estructura del sistema tributario gravando actividades que han cobrado relevancia en los últimos años, que obtienen elevados beneficios, y que en la actualidad apenas contribuyen al sostenimiento de los ingresos públicos por la utilización de complejas ingenierías fiscales para eludir el pago de impuestos allí donde operan”.

Sin embargo, recuerda que la presión fiscal en España es 6,3 puntos inferior a la media de la UE, equivaliendo a 75.000 millones de euros, por lo que piden una reforma fiscal “integral, más justa y equitativa”.

En lo que se refiere en concreto a la conocida como tasa Google, la central sindical denunció que “la casi inexistente aportación a las arcas públicas de estos gigantes corporativos junto a los enormes beneficios que obtienen son un atentado a la conciencia fiscal colectiva de los países desarrollados, y suponen una quiebra intolerable de la solidaridad y justicia tributaria que deben garantizar los estados avanzados”.

En cuanto a la tasa a las transacciones financieras, también llamada tasa Tobin, UGT subrayó que “la actividad financiera más especulativa, cuya influencia sobre el conjunto de las economías es enorme, puede y debe contribuir en mayor medida al bienestar colectivo vía impuestos”.

Así, pese a valorar positivamente las dos nuevas figuras, UGT considera “evidente” que “la implantación de estas figuras no resuelve en absoluto los problemas de recaudación insuficiente que tiene nuestro sector público”.

En este sentido, la organización liderada por Pepe Álvarez defiende que “España necesita de una reforma tributaria de mayor calado, que fortalezca la capacidad recaudatoria de todo el sistema, y en especial de las figuras de carácter directo, que recaen sobre las rentas obtenidas y las propiedades de los contribuyentes, porque son las que permiten mejoran la justicia de las contribuciones”. Por ello, UGT apuesta por “una reforma fiscal integral, que afecte al conjunto de figuras impositivas existentes, con el objetivo de garantizar una mayor suficiencia de los ingresos y un reparto más justo del esfuerzo”.

Además, también destaca que “es preciso situar la lucha contra el fraude fiscal en el centro de la actuación política, para lo cual es preciso, entre otras medidas, dotar a las administraciones tributarias de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios, promover una organización más eficaz de las mismas y agravar el régimen sancionador”.